Un «pacto de silencio» que traba la búsqueda de desaparecidos en Chile

El ministro chileno de Justicia, Luis Cordero, hace balance del plan de búsqueda de desaparecidos lanzado por el Gobierno de Gabriel Boric hace justo un año. Repasa los avances, pero también los escollos con los que se han tocado, principalmente por los «pactos de silencio» de los represores que formaron parte de la dictadura.

Cuando el año pasado el Estado chileno se lanzó a buscar a los detenidos desaparecidos de la dictadura, apenas podía calcular el tamaño del muro con el que chocaría; los «pactos de silencio» que aún estando presos mantienen los responsables sobre el destino de muchas víctimas.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, explica en entrevista con AFP que los acuerdos de encubrimiento entre los represores del régimen de Augusto Pinochet -quien murió en 2006 sin ser juzgado por sus crímenes- son uno de los escollos que enfrentan las autoridades para determinar lo ocurrido con poco más de 1.100 opositores de la dictadura instaurada entre 1973 y 1990.

«Hasta el día de hoy, en la sociedad chilena existen pactos de silencio y pactos de protección» que benefician a los responsables de estos crímenes, sostiene Cordero. Su Ministerio está al frente del plan nacional de búsqueda de los desaparecidos que lanzó el 30 de agosto de 2023 el presidente, Gabriel Boric, como política de Estado, y que con ayuda de la inteligencia artificial espera obtener los resultados que no se han conseguido en décadas.

Es la primera vez que el Estado se hace cargo de la compleja tarea de rastreo. La dictadura de Pinochet dejó unas 3.200 víctimas entre muertos y detenidos desaparecidos. Más de la mitad de estos últimos eran campesinos y obreros que tenían una media de edad de 29 años en el momento de su detención.

De las 1.469 víctimas de desaparición forzada solo se han podido hallar, identificar y entregar los restos de 307 personas. Madres, viudas e hijas asumieron la búsqueda en la mayoría de los casos.

En la difícil tarea de esclarecer lo ocurrido con los desaparecidos, los testimonios de los responsables llevados ante la Justicia serían determinantes. Sin embargo, un código de silencio aún impera entre «quienes saben del destino de muchas víctimas y que actualmente se encuentran cumpliendo condena», remarca el titular de Justicia.

En la actualidad, 364 agentes del régimen de Pinochet están privados de libertad condenados por violaciones de derechos humanos, mientras que otros 30 «se encuentran prófugos» gracias a un «pacto de protección». Los fugitivos «tienen recursos o cuentan con personas con recursos que permiten distraer de la captura de la Justicia», añade Cordero.

LISTADO OFICIAL DE VÍCTIMAS

Por lo pronto, el Estado chileno intenta reconstruir el recorrido de los desaparecidos tras su detención, algunos de los cuales fueron lanzados al mar desde los llamados «vuelos de la muerte», según las investigaciones. Lo primero fue avanzar en «cosas tan elementales como que el Estado de Chile hasta el día de hoy» no tenía «una nómina oficial de víctimas»; solo contaba con los reportes de las comisiones de verdad, comenta el ministro.

Pero tras un año han logrado reunir en un registro no solo nombres, sino «las condiciones y circunstancias en que cada una de esas personas fue detenida» y desaparecida. La lista se ha elaborado a partir de los archivos de esas comisiones, expedientes judiciales y, sobre todo, el aporte de los «los familiares, que no han soltado (la búsqueda), que han estado ahí, que han obtenido copia de cada pieza del expediente», destaca Cordero.

En el diseño del plan -afirma el ministro- han estado presentes tanto los familiares organizados como los «no agrupados. Hay familiares que dicen, sobre todo en el caso de las hijas o de los hijos, ‘he esperado 40, 45 años, ¿seguir esperando? Adelante, lo que me importa es que se avance’», relata.

«PATRONES MACROCRIMINALES»

El siguiente paso promete revolucionar las labores de búsqueda de los desaparecidos. Una vez «que esas informaciones localizadas estén centralizadas en un solo lugar se aplicará la inteligencia artificial, para construir trayectoria, para establecer patrones macrocriminales», destaca. La apuesta es que la información que antes solo conocía un juez o un abogado o hacía parte de una causa, pueda cruzarse con la de otros expedientes para armar una gran base de datos.

Probablemente, a partir de eso «podamos obtener información respecto de otras personas o hechos que estuvieron comprometidos en los crímenes de la dictadura y que hasta hoy se mantiene en una nebulosa», asegura el ministro. También se recopilarán unos 36.000 archivos dispersos, incluidos los libros de ingresos a las comisarías, a las cárceles y los registros en poder de las Fuerzas Armadas.

De esa forma, Chile pretende franquear el muro del silencio. «No nos podemos detener ante la respuesta de siempre de que las Fuerzas Armadas no tienen información adicional» sobre los desaparecidos, enfatiza Cordero.