El traslado de 105 presos anunciado por Mayor Oreja

El 7 de septiembre de 1999, en plena tregua de ETA tras el Acuerdo de Lizarra-Garazi, el Estado español movió ficha con los presos. Fue una medida anunciada a bombo y platillo por el ministro de Interior español en aquel entonces, Jaime Mayor Oreja. Escoltado por el secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, y el director de Instituciones Penitenciarias, Angel Yuste, fue el encargado de comunicar en una rueda de prensa celebrada en Madrid la decisión del Gobierno español de proceder al traslado a «cárceles vascas o próximas al País Vasco» de 105 presos políticos, medida que se acompañaría con la propuesta de paso al tercer grado para otros cinco presos más, que estaban recluidos en prisiones de Euskal Herria.

En total, y de acuerdo a la lista facilitada, 27 presos vascos serían trasladados a cárceles de Euskal Herria, mientras que en el caso de los que accederían próximamente a la libertad condicional se encontraban prisioneros con dos décadas de cárcel a sus espaldas como era el caso de Manu Legarreta-Etxebarria o José María Zubiaurre Portugal.

Según recordaba GARA en la noticia publicada el día siguiente, de las 110 personas afectadas por las medidas, 53 de ellas deberían encontrarse ya en libertad condicional al haber cumplido las tres cuartas partes de su condena, y tres más eran presos que no habían sido juzgados en ese momento.

Mayor Oreja explicó la decisión argumentando que el Gobierno español respondía así «al ansia de paz de la sociedad» y que buscaba «reforzar la cohesión de los partidos democráticos». Según se conocería después, en el Ejecutivo español había partidarios de realizar movimientos más arriesgados, pero el ministro de Interior consiguió frenarlos. En este sentido, el político donostiarra insistió en recalcar que este traslado colectivo llegaba en un contexto de «quince meses sin víctimas» y defendió que, con esta medida, quedaba claro que el Gobierno del PP «se ha movido, cuando podía haberse quedado quieto, ya que el Acuerdo de Lizarra ha pinchado».

Desde las formaciones que firmaron el Acuerdo de Lizarra-Garazi, el anuncio de traslados de presos fue criticado con contundencia. El portavoz del EBB, Joseba Egibar, calificó la medida expuesta por Jaime Mayor Oreja de «tímida, vergonzante y mal argumentada» y estimó, además, que «llega muy tarde». El dirigente jeltzale recalcó que se trataba «más de un movimiento que de un acercamiento».

La medida anunciada tampoco satisfizo a EA, formación que denunció que «no cumple ni al 10 por ciento de la ley». La diputada Begoña Lasagabaster destacó que «los principios humanitarios no pueden estar sometidos a rentabilidades políticas», al tiempo que criticó el «castigo adicional» impuesto sobre los presos y sus familiares con la dispersión. Planteó así «cuál es la razón por la que se ha tardado tanto en cuestiones que son beneficiosas para el proceso de normalización». Arnaldo Otegi tampoco avaló el anuncio y tachó de «burla» la medida al no cumplir con la demanda de repatriación de la sociedad vasca. En una comparecencia en Donostia, Otegi ejerció de portavoz de Herri Batasuna y recalcó que había quedado de manifiesto que los derechos de los presos son «instrumentalizados políticamente». Los traslados tan sólo contaron con el respaldo de PSOE y PP.

CONDENA A URRALBURU

La Audiencia Provincial de Nafarroa condenó por el cobro de comisiones por obras públicas al expresidente navarro Gabriel Urralburu. En la sentencia que se conoció el 7 de septiembre de 1998 también recibieron penas de prisión Antonio Aragón, Jorge Esparza, Luis Roldán, Olivia Balda y Ana Isabel Romeo.

«31 años de cárcel para una trama corrupta». ‘‘Euskadi Información’’ -el diario que tapó el boquete dejado en la prensa vasca por el cierre judicial de ‘‘Egin’’- título de esa manera la noticia en la que se explicaba la condena. En el titular de la portada del día siguiente se destacaba los once años de condena por «corrupto» a Gabriel Urralburu, que había sido presidente del Ejecutivo navarro. Asimismo, a Antonio Aragón le impusieron una pena de siete años y dos meses de cárcel, cuatro a Jorge Esparza y tres a Luis Roldán, Olivia Balda y Ana Isabel Romeo. Fue una sentencia histórica para los tribunales vascos.

Gabriel Urralburu, presidente del Gobierno de Nafarroa entre 1984 y 1991 por el PSN, ingresó en prisión el 28 de marzo de 2001 para cumplir la condena de cuatro años por cohecho que le impuso el Tribunal Supremo tras rebajarle sustancialmente la pena. Permaneció entre rejas apenas 444 días y luego pasó dos años más en tercer grado. Previamente había pasado seis meses en prisión preventiva, del 1 de diciembre del 1995 al 30 de mayo de 1996. En 2003 quedó definitivamente libre. Asimismo, el caso de Urralburu es un ejemplo de que el dinero robado casi nunca se devuelve. Según el último informe de la Hacienda foral de 2023, debe 561.000 euros a las arcas navarras.

[2009] Cien años de la Real con tres leyendas de Atotxa

El 7 de septiembre de 2009 la Real Sociedad cumplió cien años y GARA recordó la efeméride repasando su historia y organizando una charla con tres emblemas del club donostiarra como Ignacio Eizagirre, José Mari Martínez y Alberto Gorriz. En el reportaje se recordaba que el fútbol llegó a Gipuzkoa a principios del siglo XX y que el 7 de septiembre de 1909 se registró con el nombre de Sociedad de Foot Ball. Asimismo, señalaba que la Real fue uno de los diez equipos elegidos para jugar en la máxima categoría en la primera temporada, que arrancó en 1929, y los descensos de categoría que vivió hasta consolidarse en Primera a partir de 1967. Después llegaría la década inolvidable de los ochenta, en la que consiguió dos ligas, una Copa, una Supercopa y tres subcampeonatos. En la temporada 2002-03, logró un último subcampeonato liguero, pero a partir de ahí la Real entró en una crisis que le llevó a Segunda en 2007. Retornaría a Primera en 2010 y en los últimos años ha completado un lustro extraordinario con cinco clasificaciones europeas consecutivas y conquistó la Copa en 2021.