México aprueba entre protestas elegir a los jueces por voto popular

Tras doce horas de intenso debate, interrumpido por la irrupción de manifestantes en la Cámara y por un intento de la oposición de tomar la tribuna, el Senado mexicano aprobó la reforma al Poder Judicial que a partir de 2025 permitirá elegir a los jueces por voto popular.

La reforma judicial propuesta por el Gobierno del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, que implica enmendar la Constitución de México, salió ayer aprobada con 86 votos a favor del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 41 en contra de los partidos de oposición Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

El oficialismo buscará ahora replicar el mismo modelo de reforma en los congresos de los 32 estados de México.

A la «supermayoría» oficialista en el Senado le faltaba un voto para los 86 que exige la mayoría cualificada, dos terceras partes de 128 senadores, pero el senador opositor Miguel Ángel Yunes, del PAN, votó a favor, dando luz verde a la mayor reforma de un sistema judicial que se ha efectuado en el mundo en los últimos años.

La larga jornada fue interrumpida durante la tarde por un grupo de opositores a la reforma judicial que irrumpieron, entre agresiones y empujones, en el Senado para intentar detener la aprobación del texto, lo que obligó a los legisladores a trasladarse a la antigua sede de la Cámara Alta para continuar la sesión.

Los manifestantes accedieron hasta el Pleno del Senado, donde gritaron consignas y reventaron la sesión en curso, que tuvo que trasladarse a la antigua sede de esa Cámara, donde también trataron de entrar y en cuyas inmediaciones protagonizaron choques y escaramuzas con policías.

Los manifestantes se identificaron como trabajadores del Poder Judicial, que mantienen una huelga laboral desde hace casi tres semanas en protesta por esta modificación.

La reforma judicial, que, además de establecer la elección de jueces por el voto popular, crea un órgano disciplinario para vigilar las sentencias que dicten, es vista por sus detractores como un intento de vulnerar la independencia judicial, la democracia y la división de poderes.

Las críticas no solo han provenido de la oposición mexicana, sino de organismos de la ONU, asociaciones como Human Rights Watch, organizaciones internacionales de abogados y los socios del tratado de Norteamérica: Estados Unidos y Canadá.

Una vez aprobada la reforma, a partir de 2025 habrá elecciones populares y campañas en el Poder Judicial y se reducirá de once a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte.