Egipto o la desmesura por el ladrillo y las infraestructuras

Megraproyectos, infraestructuras y nuevas ciudades. Pese a la delicada situación económica que atraviesa Egipto, el Gobierno apuesta por incentivar el sector de la construcción. Nuevo Cairo, la Nueva Capital Administrativa de Egipto, es el ejemplo más representativo de una desmesura que principalmente beneficia a la élite militar.

Egipto va de la represión social a la depresión económica y la única solución del Gobierno es el ladrillo. En la costa de los mares Rojo y Mediterráneo, en nuevos barrios en la periferia de las ciudades o en urbanizaciones que prometen un clima de montaña impropio del desierto, los megaproyectos inmobiliarios s se suceden en el país de los faraones.

El más representativo es Nuevo Cairo, la extensión cairota que oficialmente es la Nueva Capital Administrativa de Egipto. El Gobierno alega que es necesario para acomodar a la creciente población y descongestionar El Cairo, que no para de crecer y absorber la periferia y es una de las capitales más densamente pobladas del mundo, con más de 20 millones de habitantes.

Pese a la distancia de casi 50 kilómetros, el trayecto que separa El Cairo de Nuevo Cairo está dominado por una consecución de barrios en construcción y vallas publicitarias de empresas inmobiliarias que anuncian en inglés la tierra prometida. Asentándose el Gobierno y las principales multinacionales, Nuevo Cairo aún dista mucho de esa imagen idílica: aunque existe un oasis que cuenta con una de las mezquitas más grandes del mundo y con el edificio más alto de África, The Iconic Tower, de 394 metros, en su mayoría aún está cubierto por el polvo de las obras y apenas viven personas. Según la CNN, hay asentadas 1.500 familias y se alcanzarían las 10.000 a principios de 2025. Yezid Sayigh, experto del Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center, añade a GARA que quienes compran viviendas son egipcios de la diáspora y de clase media con ahorros que ven en un apartamento una inversión contra la inflación.

Egipto tiene 107 millones de habitantes y podría ver incrementada su población por encima de los 140 en 2050. Se necesitarán viviendas. No hay duda. Sin embargo, no parecen ser la solución: la tasa de ocupación es mínima en las 23 urbes construidas entre 1970 y 2015, recoge Sayigh en el informe Do No Harm: Toward an Environmental Audit of Military-Managed Civilian Projects in Egypt, y hay casi 12 millones de viviendas vacías en Egipto. El problema es otro: las personas carecen de recursos económicos para adquirir una vivienda. Pese a ello, el Gobierno de Al-Sisi insiste en esta fórmula: ha planeado 37 nuevas ciudades y decenas de megaproyectos en los que ha invertido más de 400.000 millones de dólares.

Desde 2014, ha pavimentado o acondicionado más de 17.000 kilómetros de carreteras y ha iniciado la construcción de una línea de tren de alta velocidad de 23.000 millones de dólares adjudicada a la alemana Siemens y que conectará importantes ciudades del país, incluida Nuevo Cairo. Estos proyectos se entroncan en la estrategia gubernamental «Visión 2030», que pretende modernizar y conectar de forma sostenible el país, aunque más bien es un eufemismo que oculta el deseo de los militares de llenarse los bolsillos con esta supuesta transición verde.

BENEFICIO PARA LOS MILITARES

La gestión de Nuevo Cairo está a cargo de un consorcio formado por el Ejército, que controla el 51%, y el Ministerio de la Vivienda. Con retrasos y sobrecostes, la factura superará los 58.000 millones de dólares en la primera fase. Quedan dos más y los costes también superarán las estimaciones por la inflación y la devaluación de la libra egipcia. Los críticos apuntan que el proyecto solo beneficiará a los militares y que es inviable para un Estado económicamente débil como el egipcio.

«El Gobierno no tiene ningún plan para revivir un sistema sostenible en industria, agricultura o servicios y prioriza el mercado inmobiliario, que sirve a los intereses de los militares: encuentran más facilidades para obtener un alto beneficio ; pueden especular con los terrenos y no tienen que rendir cuentas a nadie», desgrana Yezid Sayigh. «Estimular la economía para generar crecimiento real es mucho más complicado y habría que dar autonomía al sector privado, algo que el Gobierno no está dispuesto a hacer», insiste este experto

En el capitalismo de Estado egipcio, los empresarios y agencias empresariales militares esperan ser subcontratados por el Gobierno, principal motor de la economía. Sin ideas innovadoras, el régimen de Abdel Fattah al-Sisi se resguarda en la fórmula cortoplacista del ladrillo: aporta alrededor del 18% del PIB, además de beneficios a las empresas de los militares, que obtuvieron un cuarto de los proyectos en viviendas e infraestructuras financiados por el Gobierno entre 2013 y 2018.

Los militares tienen empresas en los sectores cruciales Su posición dominante la asegura el régimen, que les facilita licencias, subsidios, regulaciones o contratos públicos. Es una competencia desleal que se ha agudizado durante el régimen de al-Sisi: la participación del sector privado en la inversión con respecto al PIB es inferior a la de la época del militar socialista Gamal Abdel Nasser.

Sayigh explica que, a diferencia de la época de Hosni Mubarak, en la que a partir de los años 90 los empresarios pudieron influir en el entonces gobernante Partido Nacional Democrático, al-Sisi limita el sector privado: «Uno de los hijos de Mubarak, Gamal, era la conexión entre el partido, el presidente y la élite económica. Hoy no queda nada de eso: era una amenaza para el orden de los militares y una de las razones del descontento [castrense] con Mubarak. Con al-Sisi, los militares se han asegurado de que el sector privado no tenga influencia política».

ESPIRAL DEUDORA

Muchos de estos proyectos inmobiliarios están destinados a fracasar y terminar en ciudades o barrios fantasmas. Y los megaproyectos dejan deudas ingentes en las arcas del Estado que son cubiertas con créditos y programas de la comunidad internacional o cesiones comerciales de territorios a las potencias del Golfo. El año pasado, para obtener liquidez, Egipto cedió a Emiratos el desarrollo y la explotación comercial de Ras al-Hekma, una región costera del Mediterráneo, a cambio de 35.000 millones de dólares y el 35% de los beneficios del proyecto. Esta transacción, la mayor inversión directa extranjera en la historia de Egipto, recuerda a la que efectuó Arabia Saudí en 2016 cuando adquirió las islas egipcias de Tiran y Sanafir. En ambos casos, la inyección de liquidez no generó confianza en los mercados.

Egipto atraviesa dificultades económicas que resultan de problemas estructurales y coyunturales. Los estructurales son la constante balanza comercial negativa, la alta deuda pública con respecto al PIB, actualmente en el 95%, y la deuda con las entidades internacionales. Segundo mayor deudor del FMIl, Egipto también sufre los problemas coyunturales: la divisa no deja de devaluarse, la inflación supera el 26% y los conflictos regionales afectan a los ingresos procedentes del turismo y el tráfico marítimo en el Canal de Suez.

En esas,, el Gobierno vive bajo una espiral deudora en la que pide créditos para pagar tramos de los antiguos o para acometer reformas prometidas a los acreedores. Y las consecuencias de esta política económica, en última instancia, las padecen las personas más necesitadas: Human Rights Watch apunta que en la última década el gasto en educación se ha reducido en un 24% y Amnistía Internacional destaca que «el Gobierno asignó aproximadamente la mitad del presupuesto de 2023- 2024 al pago de la deuda e incumplió el mandato constitucional de dedicar al menos el 3% del PIB a sanidad y, el 6%, a educación básica y superior».