La ponencia del TC avala la amnistía, pero no resuelve la situación de Puigdemont

La Ley de Amnistía, piedra angular sobre la que Pedro Sánchez construyó su última investidura, pasará el filtro del Tribunal Constitucional si se aprueba el borrador de la sentencia conocido ayer. En él, la ponente recuerda que el objetivo político que puede perseguir el legislador con una ley no es de la incumbencia de los tribunales.

¿Es legal aprobar una norma jurídica para llegar al Gobierno? Esta es, resumida, la pregunta que el PP le hizo al Tribunal Constitucional (TC) en su esfuerzo por derrumbar la Ley de Amnistía para los dirigentes independentistas encarcelados por el Tribunal Supremo tras el referéndum del 1 de octubre de 2017. La respuesta de la ponencia del TC conocida ayer es rotunda: «El objetivo político que pretende el legislador no es cuestión que incumba a este tribunal».

Es decir, no es negocio de los tribunales opinar sobre las intenciones de los parlamentarios. «El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente», se lee en la propuesta que el pleno del TC abordará el próximo 24 de junio.

Eso no quiere decir que no sea una propuesta de sentencia política. Todas lo son, pero esta más. Es un varapalo a las tesis del PP, ya que rechaza de plano que la amnistía sea arbitraria, al dar por buenos los argumentos para aprobarla. De hecho, el texto de la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, considera «razonable y justificada» esta ley.

«Aun cuando pueda discreparse de ella, no cabe duda de que no responde a capricho o mero voluntarismo, al buscar una mejora de la convivencia y de la cohesión social, así como una integración de las diversas sensibilidades políticas, para superar, como objetivo de interés general, las tensiones sociales y políticas generadas con el denominado proceso independentista en Cata- lunya», recoge el texto, que sí critica que la delimitación de los actos amnistiables «puede ser técnicamente mejorable».

Se refiere así al delito de malversación, que la esta ley solo considera amnistiable en el caso de que no se persiguiera el lucro personal. Es la tabla a la que el Supremo se aferra para no amnistiar por este delito a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Jordi Turull. Interpreta, para ello, que sí hubo lucro para sus partidos.

El borrador conocido ayer no entra en este punto, pero deja claro que avala la intención de desescalar el conflicto catalán, por lo que la única interpretación lógica es que la amnistía también debe incluir la malversación en estos casos. Está por ver, sin embargo, qué hace el Supremo, que se puede escudar en que el TC no ha resuelto los recursos de amparo presentados por los afectados.

«UN CAMINO DEMASIADO LARGO»

Esa fue la reacción de uno de los principales afectados, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que saludó la ponencia, pero recordó lo dilatado de todo el proceso. Y es que han pasado más de 7 años desde el 1-O y más de cinco desde la sentencia del TS. «Esto es un paso más en un camino que siempre es demasiado largo», apuntó.

Desde el Gobierno español, el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, vio plenamente avalada la norma por parte del Tribunal Constitucional, igual que sus socios de Sumar. En el PP, mientras, trataron de salvar los muebles con una huida hacia adelante, alegando que la ponencia es una razón más para protestar. A su derecha, Vox no dudó en cargar contra Alberto Núñez Feijóo por pactar con el PSOE la renovación del TC que ahora parece estar a un paso de avalar la amnistía.

La de esta ley, en cualquier caso, se ha convertido en una batalla mucho más española que catalana, a tenor del espacio preferente que la noticia tuvo en todas las webs españolas de referencia y el espacio secundario al que fue relegada en las catalanas.