Derechos lingüísticos para una sociedad mejor

Lo que ha venido a denominarse «relajamiento», o ralentización, del proceso de normalización del euskara iniciado hace décadas y que supuso la revitalización de una lengua perseguida y exhausta, junto al habitual reparo institucional, ha perfilado un panorama que resulta cuando menos preocupante. Si a ello le añadimos el constante y creciente hostigamiento por parte de sectores sociopolíticos parapetados en el aparato judicial, la situación resulta más grave y demanda una respuesta de la sociedad.

Esa situación sin visos de mejoría ha llevado a más de cien agentes de numerosos y muy variados ámbitos a un debate que, a convocatoria de Kontseilua, ha tenido lugar estos últimos años y que ha desembocado en la propuesta de un nuevo pacto sociopolítico presentada ayer por la dinámica Batuz Aldatu. En busca del consenso social necesario para incidir en las políticas lingüísticas, la propuesta tiene como objetivo fomentar el diálogo y la suma de compromisos, con una voluntad clara y «firme»: lograr una sociedad mejor en la que toda la ciudadanía conozca el euskara y disponga de condiciones para usarlo con total normalidad. Un reto ambicioso, tal vez, pero sin duda necesario de superar y, por tanto, razonable. Dicho pacto precisaría un nuevo paradigma en torno a la universalización del conocimiento del euskara, la garantía de las condiciones para su uso, la consecución de un estatus oficial igualitario y el empoderamiento de la comunidad euskaldun.

El conocimiento y la utilización del euskara, poder vivir en esa lengua en cualquier lugar de Euskal Herria, es un derecho, no una dádiva política o jurídica, por lo que ha de ser garantizado y en modo alguno entorpecido. Pero es preciso tener presente que ningún plan, política o pacto lograrán el objetivo de la revitalización y normalización del euskara en todo su territorio sin la participación activa de la sociedad en sus diferentes niveles de responsabilidad, detallados por Batuz Aldatu, comenzando por las instituciones y los agentes políticos, pero también las empresas y sindicatos, los agentes sociales, el ámbito académico y cultural, y la ciudadanía, ciertamente, «la principal garantía del futuro del euskara».