Estado de excepción en Ecuador en respuesta a las protestas indígenas

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, acusó a los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de falta de voluntad de diálogo. Las protestas contra el alza del diésel y otras reivindicaciones entraron ayer en su tercera semana. El sábado, el presidente, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción en siete provincias andinas, incluida Pichincha (cuya capital es Quito), y tres amazónicas por «grave conmoción interna».

En su decreto, expedido por 60 días, Noboa argumentó que hay «paralizaciones y hechos de violencia que han alterado el orden público» y que se ha registrado una «radicalización» en las protestas.

El principal foco de los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública está en Imbabura (norte), una provincia andina dedicada a la ganadería y la floricultura donde se concentra un 10% de la población indígena. El sector de flores estima las pérdidas en un millón de dólares al día.

La Conaie denuncia que el alza del precio del diésel en un 56% representa un golpe para la economía de los campesinos. Reclama también la bajada del IVA del 15% al 12% y asignación de mayores presupuestos para la educación y sanidad públicas. Tras dos semanas de paro nacional, censuró que el Gobierno «responde con represión a las demandas del pueblo» y que el decreto «militariza los territorios» indígenas. «Este estado de excepción agrava el riesgo del uso desproporcionado de la fuerza y de detenciones arbitrarias», añadió la Conaie, cuyo líder Marlon Vargas afirmó que «si tenemos que tomarnos la ciudad de Quito, lo haremos. Ya no podemos seguir aguantando. Ya no podemos seguir soportando».

Noboa advirtió de que aplicará la ley. «Nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos», manifestó. Remarcó que «a los que eligen la violencia, los espera la ley. A los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes».

La ministra Rovira sostuvo que han procurado «el diálogo con todas las organizaciones indígenas, pero lo único que encontramos son amenazas. En ese marco es muy difícil dialogar aún cuando busquemos todos los mecanismos».

Insistió en que «no ha habido ningún espacio para poder dialogar y revisar las propuestas que tiene la Conaie». En su opinión, «no existe voluntad ni de dialogar ni tampoco de presentar propuestas serias» y apuntó que ha quedado «clarísimo que esta actitud de la dirigencia de la Conaie (...) -porque no obedece a todos los pueblos indígenas- lo único que busca es realizar ya una campaña en contra de la consulta popular; y ya no hablan del motivo original de esta medida (diésel), ahora para ellos todo es ‘no’».

La Conaie pide bajar tres puntos el Impuesto al Valor Agregado, hasta el 12%, algo que el Gobierno se niega a poner sobre la mesa, y una eventual derogatoria de la eliminación del subsidio al diésel.