La defensora del pueblo colombiana alerta de «una grave expansión de los grupos armados»

Nueve años después de la firma de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Colombia se enfrenta a «una grave dinámica de expansión de los grupos armados», advirtió la defensora del pueblo, Iris Marín, en una entrevista con AFP en su oficina en Bogotá.

Afirmó que «la creciente presencia de grupos armados en muchas regiones del país está provocando un claro deterioro de la situación humanitaria», antes de apostillar que «este año, 2025, la situación ha empeorado».

Las FARC, otrora la organización guerrillera más poderosa de Sudamérica, acordaron dejar las armas en 2016, pero algunos guerrilleros rechazaron el acuerdo, formando actualmente cuatro grupos escindidos de las FARC, que se encuentran en conflicto entre sí. A ellos se suma la guerrilla del ELN, también dividida. Además, están el Clan del Golfo, el mayor cártel de la droga del país, y decenas de grupos criminales que luchan por el control de territorios en el país, el mayor productor de cocaína del mundo.

Marín indicó que el aumento de la violencia se explica por la fragmentación de los grupos armados, que ahora están menos centrados en la ideología, y por el auge del crimen organizado.

Lamenta, además, que los disidentes, invitados a negociar con el Gobierno, recibieran el mismo reconocimiento que los guerrilleros que depusieron las armas. «Haber firmado el acuerdo de paz y respetarlo equivale políticamente a haber desertado o no haberlo firmado nunca. Esto, en mi opinión, fue un incentivo perverso», manifestó.

Las cifras de la Defensoría del Pueblo son alarmantes. Tras un pico en 2022 con 215 homicidios, las muertes violentas de líderes sociales parecen aumentar de nuevo en 2025, con 119 registradas entre enero y agosto.

En 2024, la institución verificó 606 casos de reclutamiento forzado de menores, por encima de los 460 en 2023, especialmente en el departamento del Cauca (suroeste), donde habita una importante comunidad indígena. Este fenómeno, sin duda subestimado, refleja la estrategia de expansión de los grupos armados ilegales a través de la infancia, los más vulnerables ante el conflicto armado.

El año 2025, marcado por un conflicto guerrillero en el Catatumbo (noreste), también es testigo del mayor desplazamiento forzado de población desde que se tienen estadísticas, 85.000 personas.