Frente a las estafas, defender siempre a la clientela bancaria y telefónica

Aunque la banca, operadoras telefónicas y los mismos gobiernos son muy remisos a dar explicaciones concretas de las numerosas estafas y fraudes que se producen a su clientela y se limitan a unos avisos muy generales de precaución y protección, lo cierto es que cada día es mayor el número de clientes de entidades bancarias y telefónicas afectadas. Mecánica de esos fraudes que la clientela desconocemos, y que no llegamos a entender cómo no se corta de raíz desde quienes tienen poder y medios, incluidos los económicos, para invertir en ello. Es hora de que se adopten decisiones políticas y empresariales drásticas en las tres patas que tiene la estafa y su contexto: banca, operadoras telefónicas y gobiernos. Y siempre para defender a la clientela que con su vida, trabajo y sacrificio confiaron en la protección y seguridad de sus ahorros.

El último caso trascendido al público aquí ha sido el de Txaro Ortiz de Zarate, amiga residente en Iurreta de Bizkaia, de 78 años, jubilada, y aficionada fotógrafa cuyas hermosas fotos hemos podido ver en TV. Extraigo aquí el relato de su denuncia para luego hacer alguna reflexión. Txaro sufrió en agosto un fraude relacionado con la portabilidad fraudulenta de su tarjeta SIM, lo que derivó en el uso no autorizado de varias tarjetas virtuales asociadas a su cuenta bancaria. Se trata de un caso de fraude y suplantación de identidad.

La afectada intentó hacer una llamada telefónica, pero descubrió que su tarjeta SIM había desaparecido. Tras contactar con Movistar le informaron que, sin su autorización, la portabilidad había sido pasada a Lowi. En el proceso, pudo comprobar que su carnet de identidad había sido falsificado, con su nombre y número de documento, con otra edad que no era la suya y con residencia en Barcelona. Un documento que, al parecer, se empleó para actos ilícitos, incluyendo compras realizadas con tarjetas Visa. Txaro se pregunta todavía hoy «cómo pudieron conseguir la claves del banco porque solo yo las sé».

Tras varias denuncias y visitas a la Ertzaintza, se supo que se habían realizado hasta doce cargos fraudulentos por un total de miles de euros −su cantidad exacta no la hizo pública− en siete horas con gastos detectados en Barcelona, en el aeropuerto e incluso desde Alemania. Entre ellos se identificaron tres tarjetas virtuales cargadas con 3.000 euros cada una, empleadas para compras sin su consentimiento.

La afectada acudió varias veces a la Ertzaintza para esclarecer el caso y, aunque el banco inicialmente exigió pruebas para hacer reclamaciones, finalmente reconoció la estafa y logró al de un mes la devolución completa del dinero estafado. Cuando escribo estas líneas, una amiga me dice que a su sobrina le han estafado 30.000 euros, y otra, que a su vecina, otros 7.500 euros.

Quien haya conocido estos casos, como la propia afectada, no logra entender cómo ha podido ocurrir todo esto y cuál ha sido la mecánica del fraude. Las operadoras y banca, como los gobiernos, ¿tampoco saben hoy cuál es esa mecánica? ¿No será que la conocen, pero es necesario invertir lo suyo para proteger a la clientela, y la hacen responsable de sus errores? ¿Por qué no hay interés en que se conozcan los casos concretos de denuncias, las cantidades estafadas, así como las recuperadas para la clientela?

Tanto banca, operadoras como gobiernos se limitan a pedir precaución a la clientela («protegerse frente a fraudes en facturas, SMS fraudulentos, llamadas falsas, etc.»). Insisten en no contestar con un «sí» a las llamadas desconocidas o no hacer un click en enlaces también sospechosos. ¿La clientela, que puede cometer un error involuntario con esos nefastos «sí» o «clic» es responsable de la estafa? ¡De ninguna manera!

Así las cosas, se imponen decisiones políticas y empresariales. Las empresas, banca y operadoras, deberían actuar con mayor transparencia: explicar la mecánica de la estafa, dar cuenta de las denuncias, así como de las resoluciones a favor o en contra de la clientela.

Al margen de los seguros, que cada entidad tendrá, los gobiernos deberían exigir unos fondos especiales a cada entidad para destinar tanto a la inversión para una mayor seguridad y protección de su clientela, como para devolverle de inmediato el dinero estafado. Para ello, les sobra dinero. La banca del Estado español tuvo unos beneficios de 17.086 millones euros en el primer semestre de este año, un 1,8% más que el año anterior. La banca vasca de Hegoalde registró en ese mismo período unos beneficios de 5.924,4 millones euros: BBVA, 5.447 millones, un 9% más; Kutxabank, 332,4 millones, un 26% más y Laboral Kutxa, 145 millones, un 49,1% más.

En 2024 se han gastado en armas en el mundo 2,718 billones (con b) de dólares, (un 9,4% más que el año anterior) en su mayoría por los distintos gobiernos. Los gastos en defensa del Gobierno del Estado español en la UE en 2024 ha sido 16.000 millones euros (el 1,36% del PIB).

La clientela estafada de banca y operadoras, ¿no tiene derecho a que, pese a posibles errores personales involuntarios, sea defendida y pueda ver recuperados inmediatamente sus ahorros estafados sin necesidad de pasar malos tragos, incertidumbres y estrés? Las empresas, banca y operadoras, esclavas de su sistema capitalista, harán todo lo posible por escurrir responsabilidades y echarlas a los hombros de su clientela por unos inoportunos «sí» o «clic» o no se sabe qué otra cosa o función... que tal vez lo sepan, pero evitan hacerlo público y eludir así inversiones que lo impidan.

Misión y responsabilidad de los gobiernos es defender siempre a la clientela y exigir a banca y operadoras, además de la transparencia de sus datos, las inversiones necesarias para una mayor protección y seguridad de los ahorros populares. Y, por supuesto, devolver de inmediato lo estafado.