Una investigación descarta el suicidio de Antia y señala a la Policía franquista

El donostiarra José Ramon “Montxo” Martínez Antia no se suicidó el 18 de septiembre de 1975 en una vivienda sitiada policialmente de Madrid, como sostuvo la versión oficial, sino que fue tiroteado mortalmente por los agentes. Así lo asegura GEBehatokia tras una completa revisión de todos los elementos disponibles, que ha incluido hasta la exhumación del cadáver, si bien no pudieron obtenerse pruebas del mismo debido al estado de deterioro.

La investigación se emprendió el año pasado a petición de la familia del militante de ETA, después de que en 2015 el Gobierno de Lakua denegara el reconocimiento de su muerte, indicando que no había pruebas que contrarrestaran la versión oficial franquista del suicidio.

GEBehatokia sí las aporta. La principal es la prueba pericial, encargada a un perito independiente graduado en Criminología por EHU. Junto al cadáver de Antia había dos armas: una pistola y una metralleta. El perito constata que la Browning GP-35 «no fue utilizada después de que se introdujera el cargador municionado». Y sobre la metralleta Sten, dispararse a sí mismo con ella era «inviable» dado que «las medidas y disposición de la bañera en donde se ubica el presunto suicidio (con una pared al lado derecho) imposibilita la extensión de brazo necesaria para efectuar un disparo a cañón tocante en la sien derecha y que el proyectil salga por la sien izquierda con una trayectoria ligeramente descendente».

En la investigación se han recabado también testimonios de familiares directos y compañeros de la organización (Francisco Javier Ruiz de Apodaka e Iñaki Mujika Arregi), que «descartan la tesis del suicidio en base a la personalidad de Martínez Antia, los objetivos de la operación que pretendían realizar en Madrid y el contexto político y social de la muerte», con el dictador Franco ya agonizante.

Otro elemento que señala al crimen de Estado es la constatación de que la operación fue facilitada por Mikel Lejarza “El Lobo”. El infiltrado en ETA había convivido con Montxo Antia anteriormente y la Policía entró en la casa con llave. «El propio Lejarza asume su participación en los hechos en el libro ‘Yo confieso, 45 años de espía’», explica GEBehatokia, que añade además que en Radio Euskadi se jactó de que «lo volvería a hacer». La infiltración de “El Lobo” provocó cinco muertes en ETA y 158 personas detenidas, «la mayoría de ellas torturadas».

Esta indagación ha llegado incluso a la exhumación de los restos de Montxo Antia en el cementerio donostiarra de Polloe, que se practicó el 28 de febrero de este año, con el experto Paco Etxeberria al frente y con presencia de familiares y compañeros de militancia. Sin embargo, el estado de conservación de los restos no permitió extraer las conclusiones forenses que veía factibles Etxeberria; por ejemplo, verificar la trayectoria del disparo.

LOS HECHOS

El fallecimiento de este joven vecino del barrio de Egia se produjo en Madrid, apenas nueve días antes de los últimos fusilamientos franquistas. Y hay relación entre ambos episodios, puesto que ETA había desplazado comandos a Madrid y Barcelona para tratar de secuestrar a alguna persona relevante del régimen y promover así el intercambio con los condenados a muerte.

Ocurrió, sin embargo, que la Policía franquista ya tenía infiltrado a “El Lobo” y disponía de información, con lo que de modo simultáneo se produjeron esta irrupción de Madrid y otra en Barcelona.

Un redactor de la revista “Cambio 16” que estuvo en el escenario de la muerte de Antia un día después escribió que el piso estaba «carbonizado». Se asemeja a lo que ocurrió ese mismo día 18 y a la misma hora en la capital catalana, donde se produjo un asalto policial con granadas lacrimógenas e incendiarias.

Además, la parte del sumario a la que ha podido acceder la familia no incluye elementos habituales como fotografías del cadáver y el escenario, croquis, informes forenses o pruebas químicas para determinar el uso de armas de fuego. Ello apunta, concluye GEBehatokia, a «la ocultación de un homicidio deliberado».

Con todo esto en la mano, este organismo ha solicitado a la consejera de Justicia de Lakua, María Jesús San José, una nueva valoración del caso «para su reconocimiento como víctima del Estado y consiguiente reparación». Se trata de la primera vez en que familiares de una víctima no aceptada recurren la decisión solicitando una nueva evaluación, por lo que GEBehatokia espera que sea atendida y pueda sentar precedente.