El tiroteo a una veterana banda de cumbia tumba a Boluarte en Perú

El veterano grupo musical Aguamarina, fundado en 1976, lleva medio siglo dedicado a la cumbia y tiene 30 discos. La muerte el 18 de julio de José Quiroga Querevalú, uno de sus fundadores, a los 92 años, supuso, casi, un duelo nacional. Sus fundadores pasaron el testigo a sus hijos, siempre sin salir de la familia Quiroga Querevalú. El miércoles, durante un concierto, unos sicarios en moto dispararon a bocajarro contra ellos, hiriendo a cuatro cantantes. Los autores huyeron del lugar dejando en el suelo 27 casquillos de bala y un Gobierno, el de la presidenta Dina Boluarte, tan tocado que no iba a durar ni un día.

Boluarte, la mandataria más impopular que ha tenido el país con un 3% de aprobación, llegó al poder en 2022 después de traicionar al izquierdista Pedro Castillo, con quien era vicepresidenta, acusado de haber intentado un autogolpe, y se convirtió así en la primera mujer en gobernar Perú.

La traición a Castillo le alejó de los votantes de izquierda, lo que le llevó a buscar apoyo en los fujimoristas. Y lo encontró. Pero ha sido incapaz de controlar las calles. De facto, Perú está gobernado por una suerte de sicariato insoportable. Y el atentado contra Aguamarina fue la gota que colmó el vaso.

La reacción al tiroteo de la popular banda provocó un proceso de destitución urgentísimo. Los partidos se confabularon para apartar a Boluarte -la sexta presidenta en menos de una década- por «incapacidad moral» para contener el crimen en las calles. Esta figura de la «incapacidad moral» es la misma que se empleó para despojar del poder a Castillo.

Todo sucedió muy rápido, con prisa, a instancias del partido de ultraderecha que lidera el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. La votación se resolvió de madrugada. Boluarte tuvo oportunidad para defender su posición en el Parlamento. Pero en vistas a que no acudía, los congresistas esperaron 20 minutos de cortesía y procedieron a votar. Una amplia mayoría (118 votos) la bajó del sillón de mando.

A Boluarte parece que no le quedan amigos. Si la ultraderecha aceleró su caída, ayer, el presidente colombiano, Gustavo Petro, resumió lo sucedido con la frase e que «la traición se la pagaron con traición».

JERÍ, PRESIDENTE

El país quedó en manos del abogado José Jerí, de 38 años, de la formación derechista Somos Perú. Ocupará el puesto de manera interina hasta las prósimas elecciones, convocadas para abril de 2026. El hasta ahora presidente del Congreso estuvo procesado por una presunta violación, pero hace dos meses que su caso se archivó.

Jerí afirmó, en un mensaje conciliador, que asumía la Presidencia «para instalar y dirigir un Gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional».

Una vez destituida, Boluarte emitió un mensaje pregrabado en el que señalaba que «no he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecen un crecimiento con estabilidad democrática y con un Gobierno que trabaje sin corrupción como lo hemos venido haciendo en mi Gobierno».

Su futuro es una incógnita. Hay once procedimientos abiertos contra ella, tanto por corrupción como por violaciones de los derechos humanos en relación a la muerte de más de 50 personas durante la represión contra la ola de protestas que pedía tras la detención y encarcelamiento de Castillo.

Ayer por la tarde no se sabía dónde se hallaba. Había rumores sobre una eventual fuga y petición de asilo en Argentina, Brasil o Ecuador. Su abogado aseguró que Boluarte seguirá en Perú, pero muchos desconfían y decenas de personas se concentraron ante a la Embajada de Ecuador en Lima para impedir su entrada.