Lakua rechaza la ILP e intenta dejar en 10.200 las 138.495 firmas de apoyo

Segundo portazo del Ejecutivo de Lakua a que una Iniciativa Legislativa Popular avalada por más de cien mil firmas en los dos casos pueda ser siquiera tramitada y debatida en el Parlamento de Gasteiz. Primero fue la referida a las pensiones mínimas y en esta ocasión a tramitar las reformas necesarias para poder fijar un Salario Mínimo Interprofesional.

Según explicó el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Empleo y Trabajo, Mikel Torres, el rechazo se debe a consideraciones «jurídico-constitucionales», de «oportunidad» y «política» porque el Ejecutivo de PNV y PSE apuesta por que «se negocie un salario de convenio entre la patronal y los sindicatos». La decisión del Gobierno no figuró en el dosier escrito enviado a los medios con los temas más importantes tratados en el Consejo.

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, reaccionó a la decisión afirmando que la posición mantenida por el Gobierno de Lakua y sus explicaciones son «más una excusa que una razón de peso que se utilizará para reafirmar la capacidad de veto de Confebask». La formación de izquierda independentista considera que «en coherencia con la demanda mayoritaria representada en el Parlamento Vasco, por la mayoría sindical y por la sociedad vasca, se puede y se debe tramitar la Iniciativa Legislativa Popular en favor de un Salario Mínimo Interprofesional acorde a nuestra realidad socioeconómica».

Cabe recordar que a lo que se opone el Gobierno en este caso no es únicamente al contenido de esta ILP o en el caso anterior a la de pensiones, sino que impide que se llegue a tramitar en el Parlamento, donde su contenido podría ser enmendado o corregido, teniendo en cuenta, además, que PNV y PSE disponen de mayoría absoluta

CONFUNDIR CON LAS FIRMAS

Al vicelehendakari segundo le preguntaron si no corrían un riesgo al rechazar dos ILP con un gran volumen de firmas de apoyo. Mikel Torres respondió que «no sé si hay un error, pero lo que a nosotros nos llega de la Mesa del Parlamento es que las firmas no son esas 130.000, sino 10.200, y además con el documento del INE. Yo creo que nos equivocamos con las firmas del complemento de pensiones».

La respuesta parece preparada puesto que nadie había hablado o preguntado sobre 130.000 firmas. Pero lo que Mikel Torres estaba haciendo era un uso interesado de los datos que tenía.

La Oficina del Censo Electoral del INE remite un escrito en el que certifica que «se supera el mínimo de 10.000 electores firmantes» que pide la ley vasca para admitir una ILP. En este caso, se dice que de todas las firmas recogidas y entregadas «se ha procedido a la grabación de 10.496 firmas» con las que han comprobado que 10.218 figuran en el censo.

Y no cabe confusión con con la ILP sobre las pensiones mínimas porque entonces ocurrió lo mismo y Torres debía tener también aquel documento. De las 145.142 firmas entregadas se procedió a la grabación de 11.055 comprobando que 10.703 estaban en el censo y, por lo tanto, se superaba el requisito mínimo legal de 10.000 firmas.

LA LEGALIDAD DE LA ILP

La ILP presentada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde solicita del Parlamento que inicie la tramitación de una iniciativa legal ante las Cortes Generales para modificar la Ley del Estatuto de los Trabajadores para que cada comunidad autonómica pueda establecer un SMI aplicable en su territorio.

El informe de los servicios jurídicos del Parlamento que analizaron la forma y el contenido de la ILP asegura que «serán admisibles, en todo caso, las iniciativas legislativas populares que tengan por objeto instar el ejercicio de las facultades de iniciativa reconocidas constitucionalmente a la Comunidad Autónoma ante otros órganos legislativos, como es el caso», por lo que apoyaron su tramitación».

DEFENSA DEL MERCADO ÚNICO

Frente al informe de los servicios jurídicos del Parlamento, el Gobierno sostiene que el artículo 149 de la Constitución española define que el Estado tiene competencia exclusiva en materia laboral, por lo que defiende que la propuesta de la ILP no es la correcta. El informe gubernamental dice textualmente que «este tipo de transformación estructural no puede impulsarse únicamente mediante una ILP, sino que exige un proceso de concertación social y política amplio, en el que se incluya un análisis técnico previo sobre los impactos jurídicos, económicos y sociales que una medida de estas características pudiera conllevar».

Además, Mikel Torres quiso «poner el foco en las consecuencias que tendría la ruptura de la unidad de mercado»

En opinión del Ejecutivo PNV-PSE, «existen mecanismos plenamente válidos y operativos dentro del marco jurídico actual ligados a la negociación colectiva sectorial y territorial que permiten fijar salarios mínimos superiores al SMI estatal en convenios colectivos de ámbito autonómico o provincial».

Lakua propone diálogo y negociación entre Confebask y los sindicatos.