Todo sector crucial debe servir al interés general

El gigante energético Iberdrola anunció ayer nuevos dividendos de escándalo para sus accionistas, al detallar que en los nueve primeros meses del año obtuvo un beneficio neto de 5.307 millones de euros. Es un 3% menos que el año anterior, pero según explicaron, el beneficio neto ajustado crece un 16,6%, lo que les hace prever ganancias récord. De hecho, el dividendo a cuenta será un 8,2% más alto que en 2024, al que habrá que sumar el complementario, en manos de la próxima junta general de accionistas.

Es simplemente obsceno, tanto el caso concreto de Iberdrola como el de todo el sector energético, que ya en 2024 obtuvo ingresos históricos pese a la monumental bronca que montaron por la limitada tasa que les impuso el Gobierno español cuando la factura eléctrica estaba por las nubes. La inflación se ha calmado, relativamente, y las compañías tratan de explicar los extraordinarios resultados con crónicas sobre inversiones y desinversiones, y con literatura sobre los aciertos de sus decisiones empresariales. Y seguro que la estrategia corporativa ayuda a mejorar resultados, pero los números no esconden una cruda realidad: los beneficios de estas grandes corporaciones provienen del dominio que ejercen sobre un sector de primera necesidad. Como se pudo ver durante el apagón, las economías no funcionan sin acceso a la energía, pero su suministro está en manos de gigantes privados que responden ante sus accionistas, no ante el interés general. La falla sistémica en este punto es colosal.

Porque estas empresas, por muy verdes que se presenten, tampoco responden a la urgencia civilizatoria de mitigar la crisis climática. Si así fuera, no hubieran bloqueado el desarrollo de comunidades energéticas durante años defendiendo el impuesto al sol de la era Rajoy, harían las inversiones necesarias para garantizar una incorporación estable de la electricidad de origen renovable en la red y no pedirían, como lo acaban de hacer, la continuidad de centrales nucleares como la de Almaraz. Si un sector es vital para el desarrollo socioeconómico sostenible, debe garantizarse que responda al interés general, no al de sus accionistas particulares.