Defensa y Fiscalía respaldan a García Ortiz ante una «causa prefabricada»

La abogada del Estado que defiende al fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, denunció, en el marco del juicio que se inició ayer en el Tribunal Supremo, que el jefe del Ministerio Público es víctima de una presunción de culpabilidad que ha devenido en numerosas irregularidades durante las pesquisas, por lo que pidió anular el material obtenido en los registros, clave para la causa.

Así se pronunció la abogada del Estado Consuelo Castro, en el arranque del juicio que se celebra contra García Ortiz por, supuestamente, haber filtrado información relativa a Alberto González Amador -novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-. El fiscal general se enfrenta a una posible condena de hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros.

Desde el estrado, donde se sentaron sus dos abogados defensores y los dos fiscales -que reivindican también su inocencia-, y togado, García Ortiz empezó negando la imputación. Al ser preguntado por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, si «se considera autor responsable de los delitos que se le imputan», contestó «no».

La abogada del Estado llamó la atención sobre «las irregularidades cometidas en la instrucción». Tantas, subrayó, que «nos permite sostener que el fiscal general ha sido sometido a un proceso injusto».

Para Castro, el fiscal general del Estado «no ha podido defenderse en las condiciones exigibles» en ningún momento porque el magistrado instructor, Ángel Hurtado, descartó cualquier «otra alternativa». Así, le recriminó actuar con «la idea preconcebida de que era culpable», buscando únicamente «pruebas incriminatorias».

Destacó las supuestas irregularidades en los registros efectuados el 30 de octubre de 2024 en el despacho de García Ortiz y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, entonces investigada en esta causa.

En dichos registros se obtuvieron los indicios clave contra García Ortiz: las comunicaciones en el seno de Fiscalía la noche de la presunta filtración, el 13 de marzo de ese año, y el borrado del contenido del teléfono móvil del jefe del Ministerio Público.

En total, la defensa pidió la nulidad de varias medidas acordadas por el instructor: el secreto de las actuaciones, al considerar que no estaba suficientemente motivado; las entradas y registros en los despachos mencionados, al entender que era una medida desproporcionada; y las comisiones rogatorias cursadas para solicitar a Meta -propietaria de WhatsApp- y a Google información sobre los chats y los correos electrónicos del fiscal general.

En la misma línea, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, atacó dichos registros, alegando que vulneraron los derechos fundamentales de García Ortiz, porque aseveró que partió de una «ficción» de Hurtado que «no tiene ni el más mínimo sustrato fáctico ni jurídico».

«Todavía está esperando la Fiscalía que nos dé un solo dato de que la filtración se dio por medios telemáticos», dijo la número dos”del Ministerio Público.

Asimismo, la fiscal subrayó que Hurtado reconoció que «su magnífica instrucción ha sido poco fructífera». «A excepción del informe de la UCO, todas las pruebas eran las del Tribunal Superior de Justicia de Madrid», añadió.

Así las cosas, defendió que no hay indicios contra el fiscal general porque las pruebas incautadas en las entradas y registros deberían considerarse nulas. «Los únicos indicios que va a poder hacer uso la Sala (de lo Penal) serán los de la Sala de Admisión», apuntó.

En este punto, recordó que los cinco magistrados que integraron dicha Sala de Admisión forman ahora parte del tribunal que juzga al fiscal general. A su juicio, «es lógico» que los mencionados magistrados no deberían participar en el juicio ni en la redacción de la sentencia que se acuerde.

Sánchez Conde también apoyó una aportación documental solicitada por la abogada del Estado al considerar que es fundamental para acreditar las tesis de la defensa de que «ha habido una actuación conjunta de la presidenta de Madrid, su gabinete de prensa, “El Mundo” y otros medios para construir un relato para perjudicar al fiscal general».