MAR admite que difundió el bulo que desmintió el fiscal general

Tras una tediosa primera sesión del juicio en el Tribunal Supremo español contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelacion de secretos, los dos principales testigos citados ayer, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la Comunidad de Madrid conocido como MAR, y Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no defraudaron con una actitud arrogante por parte de ambos y, en el caso del segundo, victimista hasta el extremo.

MAR, que se declaró «guardián de la reputación» de Díaz Ayuso, admitió haber difundido el bulo de que la Fiscalía había «ofrecido negociar» un pacto a González Amador, según dijo por «deducción lógica» ya que se trata de un «órgano jerárquizado. Añadió que luego lo retiró por «órdenes de arriba» y sostuvo que antes de divulgarlo no había tenido acceso al correo electrónico previo en el que el novio de la presidenta reconocía dos delitos fiscales y pedía un acuerdo. En realidad, el correo del fiscal Julián Salto respondía al que previamente le había enviado el abogado de González Amador, Carlos Neira, diciendo que el hecho de que hubiera sido denunciado por fraude fiscal y de que hubiera otras personas también denunciadas no era obstáculo para llegar a un acuerdo de conformidad.

La Fiscalía General emitió al día siguiente, 14 de marzo de 2024, un comunicado para desmentirlo y explicar que, en realidad, era González Amador quien había ofrecido un pacto y no al revés, como difundió Rodríguez.

MAR señaló que González Amador no quería llevar a Hacienda a los tribunales «por la reputación de la presidenta» y defendió sus mensajes en X, alegando que no son una «denuncia», sino que buscan «provocar». «Creo que Miguel Ángel Rodríguez está por encima del puesto político que ocupe. Siento esta soberbia», le dijo a la abogada del Estado Consuelo Castro, que ejerce la defensa de García Ortiz.

«ME HABÍA MATADO PÚBLICAMENTE»

En la misma sesión de ayer, González Amador cargó contra el fiscal general porque tras la publicación del comunicado sobre el pacto que ofreció su abogado a la Fiscalía se convirtió en «el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El fiscal general me había matado públicamente».

Aseguró desconocer que el fraude fiscal se judicializaba y que su abogado intentaba pactar por correo electrónico un acuerdo de conformidad en el que reconocía sus delitos fiscales. Indicó que ni supo ni autorizó a su abogado enviar el 2 de febrero al fiscal el correo en el que reconocía en su nombre dos delitos en busca de una rebaja en su petición de condena.

Afirmó que de ambas cosas se enteró por los medios de comunicación, ya que él les dijo a sus abogados que optasen por un camino «rápido y sin ruido», lo que, según su defensa, era la conformidad.