Alokaplus, un seguro público de impagos para arrendadores en zonas tensionadas

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana de Lakua ha abierto la consulta previa para promover Alokaplus, un seguro de impagos y desperfectos que pretende reforzar la seguridad jurídica de los propietarios y arrendadores que ponen viviendas en alquiler en zonas tensionadas. El consejero Denis Itxaso, que ya avanzó esta idea en el pasado mes de octubre en un acto del PSE, aprovechó la inauguración del congreso House Action en Donostia de ayer para explicar que el objetivo de esta iniciativa es incentivar la salida al mercado de viviendas cuyo precio de alquiler se ajuste al índice de precios de referencia o parámetro equivalente.

La ayuda se plantea para garantizar el pago de la renta, los suministros y los desperfectos, y, además, desde un momento significativamente más temprano: el auto de admisión de la demanda, en lugar de la suspensión como ocurría hasta ahora. Además, se cubrirá la totalidad del importe adeudado hasta un límite que se determinará en la futura orden, según precisa el Ejecutivo en un comunicado.

El objetivo último es aumentar la seguridad jurídica de las personas propietarias y lograr que más viviendas vacías o deshabitadas sean incorporadas al mercado del alquiler en los municipios declarados como zonas tensionadas, de acuerdo al índice de precios de referencia. Al mismo tiempo, el programa Alokaplus apuesta por facilitar el acceso a la vivienda de colectivos que hoy en día encuentran mayores dificultades para firmar un contrato de arrendamiento.

Entre ellos se encuentran las personas menores de 35 años, las unidades familiares monoparentales, las familias con menores a cargo y las personas con diversidad funcional o psíquica. De este modo, la iniciativa busca equilibrar los derechos y garantías tanto de arrendatarios como de arrendadores, en un contexto de elevada presión sobre el mercado residencial, explicó Itxaso.

Lakua indica que «en los últimos años, especialmente a raíz de la crisis sociosanitaria provocada por la covid-19, se han aprobado diversas medidas orientadas a reforzar la protección de las personas arrendatarias. Entre ellas se encuentran la suspensión de lanzamientos en hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga extraordinaria de contratos o la declaración de zonas de mercado residencial tensionado con el fin de contener los precios del alquiler y sus actualizaciones».

«Estas acciones han logrado mejorar la situación de los inquilinos, pero, de forma indirecta, han generado un aumento de la reticencia por parte de muchos propietarios a incorporar sus viviendas al mercado del alquiler, reduciendo así la disponibilidad de oferta y dificultando el acceso en determinadas áreas», añade el Ejecutivo, incidiendo en que la iniciativa busca equilibrar los derechos y garantías tanto de arrendatarios como de arrendadores. El trámite de consulta previa permanecerá abierto durante quince días hábiles, periodo en el que cualquier persona u organización podrá presentar aportaciones.