Si se sabe qué va a hacer el Estado profundo, la pregunta es qué va a hacer Sánchez

El pasado jueves, el fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, fue «precondenado» por el Tribunal Supremo. Solo así puede calificarse el hecho de que anunciasen el fallo sin tener escrita la sentencia, último eslabón de la cadena de despropósitos de este caso. Con la excusa de evitar filtraciones, los magistrados anunciaron la condena con una celeridad inusitada, apenas una semana después del visto para sentencia.

En tiempos acelerados como los actuales, esta maniobra permite ignorar el nulo fundamento de la sentencia -no hay prueba de que el fiscal general filtrase el correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso- y centrarse en la condena y el escarnio. Para cuando llegue el texto, la noticia estará amortizada.

Pero hay un detalle más que no puede pasarse por alto en el anuncio del Supremo. La fecha. Pudiendo haber dado a conocer el fallo el 19 o el 21 de noviembre, eligió hacerlo el 20, el día en que se cumplieron 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. La máxima institución del Poder Judicial, principal exponente del «atado y bien atado» junto a las fuerzas policiales, eligió tan señalado aniversario para reafirmar su pulso contra un Gobierno sostenido por una frágil mayoría al que toda la derecha tiene declarada la guerra. La respuesta a qué fue del franquismo no estuvo el jueves en el cementerio del Pardo, sino en la sede del Alto Tribunal.

MÁS CERCA DE LOS AÑOS 30 QUE DE 1975

Recordar la muerte del dictador y la etapa que se abrió entonces parece inevitable esta semana. Hacerlo intentando extraer lecciones para un convulso presente presenta sus riesgos, porque puestos a invocar el pasado, habrá que convenir que existen más paralelismos con los años 30 que con 1975.

Desde la experiencia vasca, no puede tildarse de sorprendente el proceder del Supremo, pero ventilarse la condena al fiscal general alegando que no es nada nuevo impide calibrar su dimensión, que traslada la guerra al núcleo de las instituciones del Estado. Eso sí marca una diferencia y acerca el presente a los años 30. Todo con Vox rozando el 20% en las encuestas y el PP bailando al ritmo de Ayuso, auténtica triunfadora del proceso que ha triturado al fiscal general.

Desde la atalaya del TS, los guardianes del Estado mandan una advertencia seria: no se van a detener ante nada para derrocar la frágil aritmética que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez. La democracia, en Euskal Herria, en Catalunya, y en el corazón del Estado ahora, siempre fue un decorado sacrificable. Así las cosas, si se sabe qué van a hacer ellos, la pregunta es qué van a hacer en Moncloa ante esta realidad.

RESISTIR NO SIEMPRE ES SUFICIENTE

La posición de Sánchez sigue siendo muy frágil y los vaivenes de algunos partidos que lo hicieron presidente no ayudan. Limitarse a resistir no es una opción cuando el contrario te va comiendo peones. Se impone hacer un «punto y aparte» y recuperar la iniciativa, hablándole a la gente, dando respuesta a sus necesidades -también a las legítimas demandas de sus socios de investidura- y desatando los nudos que Franco dejó atados: la estructura del Estado, el poder de las oligarquías... y el debate plurinacional.

Desde Euskal Herria, la mano sigue tendida para frenar a los ultras y avanzar en la agenda transformadora. No por casualidad, la memoria de lo que supuso el franquismo se ha mantenido aquí mucho más fresca. En la encrucijada actual, las fuerzas vascas están dando muestras de una responsabilidad por encima de la media estatal, pero el miedo a la extrema derecha no puede desembocar en el inmovilismo. Porque en este país, como se pudo ver ayer en las calles de Bilbo, hay una base sobre la que articular mayorías nacionales para emprender un camino propio.