Muchas incógnitas en torno a la reorganización en Osakidetza

Cómo abordar la salud mental está desde hace tiempo en el centro del debate. La pandemia supuso un punto de inflexión, pero lo cierto es que la realidad obligaba a dar ese paso. No es para menos, una de cada cuatro personas sufre algún trastorno mental a lo largo de su vida. Las alteraciones del estado de ánimo y de personalidad, psicóticas, ansiedad, problemas de sueño o de conducta alimentaria afectan cada vez a más personas, de ahí el consenso en la necesidad de reforzar los recursos que se destinan a este cometido. La incógnita es cómo hacerlo.

Hace dos años, la entonces consejera de Salud, Gotzone Sagardui, presentó su Estrategia de Salud Mental 2023-2028, un documento que recoge los principios, objetivos y líneas de acción para mejorar la atención a las personas con trastornos mentales y sus familias. Lakua abogaba por fortalecer los servicios en esta área y priorizar la atención en la infancia y la juventud, en los trastornos de conducta alimentaria y en la patología dual en la que confluyen la alteración mental y la adicción a determinadas sustancias.

Por mucho que los responsables institucionales se esfuercen en negarlo, hay una coincidencia entre agentes de que la salud mental ha sido la gran olvidada de la sanidad pública. «Siempre ha estado en la periferia», destacan. Muchos apuntan a una falta de recursos comunitarios.

En esta legislatura, tomando como base los debates abiertos en la Mesa de Salud, el departamento que dirige Alberto Martínez ha promovido un proceso de «reflexión» con un grupo reducido de personas -algo que ha levantado suspicacias por la cercanía de los elegidos con el Gobierno- que elevará sus conclusiones al consejo asesor para que proponga cómo mejorar la atención.

Esta iniciativa ha provocado reacciones, especialmente en el ámbito sindical, pero también entre 16 jefes de servicio o de unidad, que enviaron en octubre pasado una carta al consejero. En el escrito, compartían su «inquietud» ante sus «sospechas fundadas» de que Lakua «está intentando hacer desaparecer» las redes de Salud Mental. «Todo parece indicar que ya está decidido -aportando como prueba la cartera de servicios de la unidad de agudos de Psiquiatría del hospital de Cruces- y que se han usado maniobras en el marco del Pacto de Salud para disfrazarlas de consenso», alertaban.

Estos responsables aseguraban que la supuesta reorganización que se estaría fraguando afectaría «gravemente» la estabilidad laboral del personal y auguraban «recortes y retroceso del modelo comunitario», además de «pérdida de presupuesto específico y finalistas para las personas con enfermedad mental». «La inversión en salud mental, además de ser necesaria, es una inversión en la cohesión social y en el bienestar colectivo. La salud mental no puede ser un terreno en el que se jueguen intereses políticos y económicos en perjuicio de las personas», defendían en la misiva.

LA DIRECCIÓN LO NIEGA

La dirección de Osakidetza niega que haya o que vaya a haber un desmantelamiento o integración de esa red en las Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI), pese a que así lo creen sindicatos como ELA, que le acusa de impulsar un proceso «opaco», sin la participación de la plantilla y de la Mesa Sectorial, que entienden «es el ámbito legítimo de negociación».

El Departamento de Salud espera que de ese proceso de «reflexión» puesto en marcha salga antes de final de año una propuesta. Nadie duda del sentido de las recomendaciones, a pesar de que se insista en que nada está cerrado. El consejero ya avanzó al inicio de la legislatura que la salud mental iba a ser uno de sus retos, siguiente la estela de Sagardui. En la propia discusión sobre el Pacto de Salud ya hubo sus más y menos en torno a este asunto.

La actual red de Salud Mental de Osakidetza cuenta, según fuentes sindicales, con una plantilla total de 2.077 trabajadores: 562 en Araba, 1.293 en Bizkaia y 222 en Gipuzkoa. Cada herrialde dispone de una estructura propia, al igual que presupuesto. Más de la mitad de la plantilla -1.055- son eventuales.

Araba contaba en 2024, según los datos del Departamento, con un hospital de agudos, el Psiquiátrico de Gasteiz, con 147 camas, 24 menos que hace cuatro años. En Bizkaia había 92 plazas en Bermeo, 19 menos que en 2020, Zaldibar 104, 2 menos; y Zamudio, con 128, una más.

En Gipuzkoa no hay oferta pública y los recursos de media y larga estancia están en manos de empresas privadas como Aita Menni, San Juan de Dios y Domusvi-Sanatorio, modelo -sospecha ELA- que persigue el proceso impulsado. En respuesta a una petición de información de EH Bildu, el consejero no aportó cifras sobre el número de camas concertadas. «No se contratan número de camas, se contratan procesos, estancias... Se define el número mínimo para garantizar que siempre exista un mínimo de camas para los pacientes del sistema público», explicó.

Desde LAB exponen que los actuales psiquiátricos limitan el número de camas y sitúa a los pacientes fuera de la sociedad. Proponen pisos tutelados o pequeñas residencias que permitan a los enfermos llevar «una vida normalizada e integrarse en la sociedad».

La primera atención la ofrecen psiquiatras, psicólogos clínicos, trabajadores sociales y enfermería en ambulatorios, aunque no integrada en la estructura local; en otras ocasiones, son centros propios especializados. En Araba existen cuatro equipamientos: dos en Gasteiz, Iruña Oka y Laudio. En Bizkaia hay 21 centros de Salud Mental en Barakaldo (2), Basauri (3), Bermeo, Bilbao (4), Derio, Durango, Erandio, Galdakao, Gernika, Getxo, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao y Zalla. En Gipuzkoa, se encuentran en Andoain, Arrasate, Azpeitia, Beasain, Donostia (4), Eibar, Errenteria, Irun, Tolosa, Zarautz y Zumarraga.

En la red también se incluyen los centros de día, donde pacientes, familiares y comunidad que les rodean realizan diferentes acciones, terapias compartidas y algunas iniciativas para socializar y aprender a convivir con sus dolencias.

«La experiencia hasta ahora nos ha demostrado que el modelo de OSI es una estructura liderada por los hospitales y sus direcciones, lo que ha pasado en detrimento de la Atención Primaria. En este modelo hospitalario céntrico, la desigual distribución de los recursos económicos y profesionales ha supuesto un deterioro de la Atención Primaria y el mismo riesgo vemos ahora con la red de Salud Mental», apuntan desde LAB.

MEDIDA ESTÉTICA O PROPAGANDÍSTICA

«Creemos que esta integración puede ser una medida estética o propagandística para dar una imagen formal de que ‘se prima la salud mental’, pero en la práctica existe el riesgo de que se limite a la gestión de las atenciones farmacológicas y agudas. Habría un claro riesgo de debilitar la prevención, el trabajo comunitario y el modelo de proximidad que forman parte del bienestar psicológico», advierten desde este sindicato, que aboga porque la Salud Mental necesita de su propia red, con centros públicos descentralizados que la acerquen a la ciudadanía, una plantilla estructural consolidada y con recursos suficientes. El mapa actual es claro: en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia siguen existiendo enormes lagunas y en muchos municipios no hay posibilidad de recibir atención de proximidad, como sucede, por citar un ejemplo, en Lautada.

La verdadera transformación de la salud mental, sostienen desde el sindicato, «no es pegar estructuras dentro de una OSI». Demandan más recursos públicos y propios, más centros al lado de la ciudadanía, reforzar los centros de día, el desarrollo de una red específica de atención especializada a la infancia y la adolescencia, así como la transformación del modelo en los hospitales psiquiátricos y creación de alternativas orientadas a la vida comunitaria (pisos tutelados, pequeñas residencias...) y centros especializados para diferentes dolencias (adicciones, trastornos alimentarios, consecuencias de la violencia machista, soledad...).

LAB considera que la integración no resuelve los problemas estructurales actuales y que existe el riesgo de que se difuminen aún más las necesidades propias de salud mental. «La verdadera vía es reforzar, dimensionar y reorganizar estructuralmente la red pública con un presupuesto propio y estable», defienden desde este sindicato.