Raúl Fuentes pide reabrir su caso de torturas tras el dictamen de la ONU

El pasado mes de abril el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU emitió un dictamen favorable a la queja del preso vasco Raúl Fuentes Villota a raíz de las torturas sufridas en 1991 en Bilbo. El organismo manifestó que «existieron indicios razonables» y marcó un precedente al recordarle que este es un delito que no prescribe. Pasados siete meses desde aquello, ni jueces ni fiscales han puesto en marcha ninguna actuación de oficio, de modo que ha sido el propio Fuentes quien ha solicitado la reapertura de su caso, según informó ayer GEBehatokia.

Se reproduce así de algún modo lo ocurrido con Iratxe Sorzabal, que también ha pedido reabrir la investigación de sus torturas, en este caso tras acreditarlas la propia Audiencia Nacional española en una sentencia absolutoria. Y también se asemeja al caso de Peio Alcantarilla, que ha presentado una querella contra el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

GEBehatokia recordó que Fuentes fue detenido por la Policía española el 6 de junio de 1991 y que fue brutalmente torturado. «Presentaba varias lesiones, incluida una parestesia en los dedos de la mano», derivada de la llamada “tortura de los lápices”.

Entonces se hizo caso omiso de todo ello. Ya en 2018 Fuentes presentó formalmente denuncia por torturas, archivada rápidamente en los tribunales españoles alegando prescripción de los hechos. Tanto la Audiencia de Bizkaia como el TC lo dieron por bueno ante los respectivos recursos. De hecho, los tribunales españoles señalaron que la denuncia de Fuentes había sido presentada tarde; algo lógico, apuntó el CAT, puesto que se encontraba exiliado. En sus alegaciones, por cierto, las marcas producto de la “tortura de los lápices” se intentaron justificar desde Madrid alegando que pudieron ser heridas producidas por algún anillo que llevara el preso vasco.

Pese a todo ello, el preso no desistió y llevó el tema al Comité contra la Tortura de la ONU, que el 22 de abril de este año emitió una decisión condenatoria para el Estado español. En ella se citan las «alegaciones creíbles de tortura», se recuerda que había obligación de investigar ya en 1991 aun sin denuncia formal dado que ese relato se conocía, y se añade que la obligación sigue vigente porque no cabe prescripción en este delito.

90 DÍAS PARA TOMAR MEDIDAS

Pues bien, ni siquiera tras ello jueces y fiscales han movido ficha, según GEBehatokia. Censura que «España tenía 90 días para adoptar medidas para cumplir dicha decisión e informar al CAT al respecto y no lo ha hecho. Los torturadores están identificados y sus nombres constan en el sumario».

Para esta entidad, «el Poder Judicial es sin duda el último eslabón que sigue sin sumarse a las exigencias internacionales de verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición. Un búnker judicial negacionista ha cerrado filas en torno a los perpetradores de gravísimas vulneraciones de DDHH».

Frente a ello, «esta es la pretensión: abrir el camino con este caso junto a los de Alcantarilla y Sorzabal. Y lo hacemos precisamente en un momento en que el 40 aniversario del asesinato por torturas de Mikel Zabalza pone en evidencia el escándalo que conlleva la impunidad de que han gozado quienes han practicado la tortura y la cobertura de la ley franquista de secretos oficiales».