Hay menos exclusión social, pero más población en riesgo en la CAV

Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han reducido el número de personas (259.000) en situación de exclusión social, cuya tasa es del 11,8%, pero se ha incrementado el segmento de población que no disfruta de una integración social plena, hogares que se encuentran «en la cuerda floja», que suman el 34,7%.

Esa es una de las principales conclusiones del cuarto informe elaborado por la Fundación Foessa, perteneciente a Cáritas, presentado ayer. En la anterior oleada (2020), que reflejó la situación de crisis derivada de la pandemia de covid, el trabajo señaló que 360.000 personas (el 16,3%), vivían en situación de exclusión.

Del total de personas en exclusión social, 84.000 la padece en su manifestación más severa, mientras el 7,9% se halla en situación de exclusión moderada. Sin embargo, el porcentaje que no sufre ninguno de los indicadores estudiados y gozan de una integración social plena ha dismi- nuido notablemente, al pasar del 59,1% en 2018 y el 57,7% en 2020, al 53,5% que arroja el último informe, referido a 2024.

LA VIVIENDA, CLAVE

La vivienda constituye el principal factor que sitúa a muchas familias en la exclusión o en situación de integración precaria. De hecho, el 17% de la población sufre algún rasgo de exclusión vinculado a la vivienda, lo cual se explica por la evolución de los precios de compraventa, que han subido cerca de un 20% desde 2018, mientras que el alquiler se ha encarecido un 16%.

Aunque solo el 17% de la población vive de alquiler, entre las personas en riesgo de pobreza lo hace el 52%. Esta situación apenas alcanza al 5% de los propietarios de vivienda, frente al 30% de los inquilinos. Además, el 13% de los hogares, unos 122.000, cae por debajo del umbral de pobreza severa una vez pagada la vivienda y los suministros.

El informe señala que aunque se ha recuperado el empleo, con un alza del 7% de personas ocupadas entre 2018 y 2024, persiste la precariedad: el 8% de los trabajadores y trabajadoras sufre «parcialidad involuntaria» y el 6% afronta inestabilidad laboral grave. En total, el 11% de los hogares presenta rasgos de exclusión vinculados con el empleo.

El trabajo no analiza únicamente la exclusión social económica, sino que incluye otros indicadores relacionados con el acceso a la vivienda, la educación y la salud y otro eje dedicado a las situaciones de conflicto social y aislamiento. Así, el 9% de los hogares sufre problemas de exclusión en salud, frente al 15% en el Estado, y 157.000 personas manifiestan dificultades para comprar medicinas o seguir trata- mientos por falta de recursos.

Además, el 13% de los hogares dice haber pasado hambre en los últimos diez años.

PERFIL DE LA EXCLUSIÓN

El informe plantea perfiles característicos de la exclusión social, el primero de ellos marcado por el origen y la nacionalidad. Las tasas de exclusión entre la población foránea alcanzan el 41%, cinco veces por encima de quienes son originarios del Estado. La infancia y la juventud constituyen otro de los perfiles señalados, ya que la tasa de exclusión entre menores de 18 años se eleva a 20, más tres veces superior a la de mayores de 65 años (5,5%).

Los hogares con menores significan el 65% de la población excluida. El tercer rostro es el de la mujer. La exclusión afecta al 15 % de los hogares encabezados por una mujer, frente al 10% en los casos en los que lo hace un hombre.