Piden a las instituciones que «dejen de tolerar con su pasividad la violencia»

La red de víctimas y sobrevivientes de violencias machistas, formada por Guerreras del Alto Deba y Bizitu Elkartea, alertaron ayer de que, «a pesar de que tenemos una buena normativa sobre violencia machista, no se está cumpliendo y las consecuencias de ello, son demasiado graves para no denunciarlas. Esas consecuencias, son la prueba evidente de que falta mucho por hacer».

Tras comparecer en la Comisión de Igualdad y Cooperación al Desarrollo del Parlamento de Gasteiz, Nuria Jiménez Trinidad y Yolanda Ruiz Bikandi censuraron que «nos encontramos casi cada día con noticias que relatan nuevos casos de violencia machista, reflejo de una parte de la sociedad que oscila entre la normalización y la resignación, una forma de rendición colectiva ante lo inaceptable».

«Este escenario, lejos de ser inevitable, es también consecuencia de las respuestas insuficientes por parte de las instituciones», manifestaron, y remarcaron que «es urgente que las instituciones asuman su responsabilidad, garanticen medidas efectivas y dejen de tolerar con su pasividad una violencia que debería ser intolerable. Hay alguien que está permitiendo que esto ocurra, que está mirando para otro lado, que no está cumpliendo con sus funciones».

Destacaron que la responsabilidad recae sobre los ayuntamientos, las diputaciones, el Gobierno de Lakua y el Ejecutivo español, instituciones a las que instaron a «hacer su trabajo. Es una problemática que afecta a las mujeres y sus criaturas, no depende de su economía, cultura, raza, formación o capacidades, afecta a las mujeres en todo el mundo».

CUATRO PROPUESTAS

En el Parlamento presentaron cuatro propuestas «con el objetivo de lograr compromisos concretos». La primera pasa por elaborar un informe detallado de la formación sobre violencia machista impartida a todas aquellas personas que atienden a las víctimas, desde agentes de Policía a la Judicatura. «Pero no solo la formación exigida u ofrecida, sino cuál ha sido la duración y calidad de la formación, la participación, los contenidos, la evaluación de quienes asisten y sobre todo su impacto», apuntaron.

Además, pidieron que el Ararteko analice la aplicación del falso síndrome de alienación parental (SAP), así como las custodias y visitas a agresores; y apostaron por crear un canal para poder hacer llegar a las instituciones las denuncias sobre violencia institucional, «con una comisión o ente encargado de tramitar dichas demandas, investigar quiénes están cometiendo esta violencia y establecer medidas para afrontarla». Por último, exigieron que la Comisión de Justicia investigue «qué está pasando con las denuncias cruzadas, analizarlas y visibilizarlas como una forma de ejercer violencia contra las mujeres».

«Como supervivientes de violencia queremos que se escuche y se visibilice nuestra voz a la hora de analizar la situación de las violencias machistas y plantear propuestas de mejora», subrayaron antes de incidir en que «son muchas las carencias y malas prácticas que vivimos: puntos de encuentro familiar inseguros; acreditaciones como víctimas que dependen de quien te atienda; custodias y visitas otorgadas a agresores; meses de espera para atención psicológica; y espacios en los juzgados inadecuados, inseguros».

Una guía para medios, redes y videojuegos

PNV, EH Bildu y PSE acordaron ayer una enmienda en el Parlamento de Gasteiz para instar a Lakua a identificar mejoras en el decálogo para el tratamiento informativo de la violencia machista y a elaborar una guía específica para hacer frente al machismo en internet, redes sociales, videojuegos y sistemas informáticos.

El texto fue aprobado por la Comisión de Igualdad de la Cámara autonómica, que debatió sobre este asunto a instancias del grupo de EH Bildu.

La formación soberanista acordó una enmienda de transacción con el PNV y el PSE, en la que también se pide al Ejecutivo que incluya en el decálogo una guía de personas «que puedan dar una opinión experta sobre la violencia machista», así como un listado de teléfonos y recursos de protección «que deberá aparecer en los medios de comunicación». Además, se aboga por retirar del decálogo a aquellos medios de comunicación que lo incumplan reiteradamente.

«Se necesitan medidas para proteger la intimidad de las víctimas y de sus hijos e hijas, la información sobre los recursos y teléfonos de ayuda debe incluirse en todos los contenidos, hay que aumentar el uso de fuentes expertas y evitar afirmaciones que puedan hacer recaer la responsabilidad sobre las propias mujeres», manifestó la parlamentaria de EH Bildu Oihana Etxebarrieta, que incidió en que «el acuerdo busca precisamente corregir esta situación». I.S.