El Parlamento pide que Osakidetza asuma todas las interrupciones de embarazo

El Parlamento de Gasteiz instó ayer al Gobierno de Lakua a presentar en el primer trimestre de 2026 un calendario y un plan integral que defina cómo y cuándo asumirá Osakidetza todas las interrupciones voluntarias del embarazo con recursos propios, garantizando que las mujeres sean atendidas en la sanidad pública y no derivadas a centros privados.

La enmienda transaccional -firmada por PNV, EH Bildu, PSE y Sumar- fue fruto de una proposición no de ley presentada por el parlamentario de esta última coalición, Jon Hernández, que incidió en que este acuerdo supone «un avance imprescindible para garantizar un derecho que durante años se ha externalizado pese a poder prestarse íntegramente en la red pública».

«La ley permite que las interrupciones del embarazo se realicen en la sanidad pública, pero en Euskadi esto no se hace, o apenas se hace», manifestó, alertando de que, a día de hoy, «no se garantiza en la red pública, porque el Gobierno ha preferido durante años un modelo basado en derivaciones a clínicas privadas».

El acuerdo establece que el Ejecutivo deberá fijar un calendario para materializar la plena gestión de esta prestación por Osakidetza. Además, tendrá que elaborar un plan integral que recoja los objetivos, la hoja de ruta, los recursos materiales y humanos y la reorganización de dichos recursos para incorporar esta prestación al sistema sanitario público, contando con las aportaciones de profesionales, personas expertas y agentes implicados.

El texto incluye el estudio de una línea telefónica especializada que informe sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, y acerca del itinerario para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la sanidad pública.

Sumar destacó que el texto acordado supone «un paso decisivo para garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública vasca y para avanzar hacia un modelo de salud sexual y reproductiva basado en la igualdad y en los derechos»; y advirtió de que hará un «seguimiento exhaustivo del cumplimiento del calendario y del plan integral para asegurar que Osakidetza asuma plenamente esta prestación».

APOYO A ASKABIDE

En el debate, Maitane Ipiñazar (PNV), Oihana Etxebarrieta (EH Bildu), Patricia Campelo (PSE) y el propio Hernández censuraron la sentencia que absuelve a 21 antiabortistas juzgadas por coacciones por concentrarse ante la clínica Askabide de Gasteiz.

La jeltzale advirtió de que se trata de un fallo «contrario a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres», y «no es lícito». «El acceso al aborto seguro es una garantía de justicia social, de salud pública y de respeto a los derechos humanos», añadió.

«Estamos ante una reacción antifeminista», alertó Etxebarrieta, que recordó la lucha por el derecho al aborto en Euskal Herria, citando el ejemplo de las Once de Basauri, y en otras partes del globo, mostrando su solidaridad con las mujeres encarceladas en El Salvador.

PP y Vox votaron en contra, aludiendo a la libertad de conciencia de los facultativos y defendiendo la «colaboración público privada».