PNV y PSE aprueban una ley que apela a su artículo 145 y tiene solo 7

En virtud de su mayoría absoluta, PNV y PSE aprobaron ayer en el Parlamento la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo y, como en comisión, rechazaron todas las decenas de enmiendas presentadas por la oposición, que criticó la norma tanto por la forma con la que se ha tramitado como por su contenido..

La citada ley fue anunciada por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de Lakua, Denis Itxaso, el pasado 5 de marzo en el Fórum Europa-Tribuna Euskadi. Se trata de un proyecto gubernamental, e incluso la Consejería contrató informes sobre ella.

Sin embargo, en lugar de tramitarse como un proyecto de ley del Gobierno se hizo como una proposición de ley registrada por PNV y PSE, y fue presentada, además, ante los medios por sus máximos líderes, Aitor Esteban y Eneko Andueza, lo que fue leído como un gesto político después de que se produjeran varios choques entre los dos partidos.

La oposición criticó esta forma de tramitación, porque entendían que solo pretendía evitar los informes que deben acompañar a todo proyecto de ley y consideraban que, en algunos puntos, esta norma no hubiera podido superarla fácilmente, por ejemplo, en materia medioambiental. De «método de los cobardes», lo definió el parlamentario de Sumar, Jon Hernández.

Como muestra de las prisas, improvisación y falta de rigor con la que se ha tramitado la proposición de ley, el parlamentario de EH Bildu Xabier Astigarraga llamó la atención sobre que la disposición transicional primera de la ley de medidas urgentes apela al «artículo 145 de esta ley» que se aprobó ayer cuando solo tiene 7. Probablemente, querría referirse al artículo 145 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, pero no lo hace, y eso puede dar lugar a una clara inseguridad jurídica.

SOBRE EL CONTENIDO

Durante el debate, los grupos expusieron su posición sobre el contenido de la ley. Vox habló de inmigración y de exigir arraigo para acceder a una vivienda pública, que se le prohíba a quien haya participado en una okupación y de defender la propiedad privada frente a las zonas tensionadas y las obligaciones y sanciones. Al PP también le parece una ley poco liberal y puso como ejemplo la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso.

Para la izquierda, sin embargo, se trata de una propuesta que responde a los intereses de las promotoras, constructoras y de los bancos. Jon Hernández, de Sumar, criticó que el Gobierno no quiere luchar contra la especulación. Como Xabier Astigarraga, de EH Bildu, denunció la reforma subrepticia que se incluye de la ley de la RGI y que obliga a tener un contrato de vivienda para acceder a esta renta, lo que perjudicará a los más vulnerables.

Desde que se anunciaron sus bases, EH Bildu ya definió esta ley como contrarreforma por, entre otras cosas, dar marcha atrás en la reserva de suelo para vivienda protegida.

Además, Xabier Astigarraga denunció que una de las justificaciones para su aprobación son los supuestos problemas de viabilidad de los suelos con calificación, pero explicó que preguntó al Gobierno sobre esos problemas que apuntaban y que la respuesta fue que «esta información está en proceso de elaboración y análisis». A su juicio, esta declaración supone que han creído a los promotores sin comprobar la realidad.

Ocurrió algo similar con la reducción de la reserva para la vivienda de protección pública del 75% al 60%, que justo al día siguiente de lanzar la idea, el Departamento de Vivienda encargó por 16.940 euros un informe sobre si esa medida sería efectiva.

«FRENTE POPULAR DE JUDEA»

Como les corresponde, PNV y PSE defendieron el contenido de la ley. El jeltzale Jonatan Moreno aseguró que servirá «para construir más y más rápido». Mientras que Eneko Andueza subrayó que «viene a revertir la crisis habitacional, evitar brechas de desigualdad y garantizar el acceso a una vivienda digna».

Tanto Moreno como Andueza hicieron mención a la centralidad de su propuesta en base a la divergencia de la oposición. Para el secretario general del PSE, «si para unos es muy facha y para otros muy roja», es que va por el buen camino.

Especialmente punzante fue el parlamentario del PNV Jonatan Moreno que criticó «los dogmatismos ideológicos» de los demás. Habló de «los extremos de izquierda y derecha», pero luego solo miró a una bancada, y de «la torpe insistencia» de «algunos de los demagogos»

Moreno aseguró que «regular, sancionar y prohibir son el nuevo catecismo de EH Bildu, y ese es su lenguaje. Intervención, sancionar a los propietarios, no hacer vivienda libre, expropiar». Añadió que «representan ustedes una izquierda que se viste y se siente joven, pero que no se ha dado cuenta de lo mayor que se ha hecho, que tiñe canas». Luego, habló de que «la juventud suele chocar con el poder establecido», que, «como es el caso actual, cancela socialmente la disidencia». Fue una disquisición en la que en el contexto mediático actual no se sabía si estaba elogiando a GKS en lugar de a EGI como le correspondería.

Sobre la falta de acuerdo y el rechazo de todas las enmiendas, Eneko Andueza apuntó que EH Bildu ya estaba en contra antes de que se presentara la ley, obviando que ya se conocían sus bases.

Jonatan Moreno también fue más allá en esto, afirmando que a algunos «todo les parece mal y luego se sorprenden de que no acordemos nada». Recordó que hay un acuerdo entre dos partidos distintos -PNV y PSE- que es mejor que «un acuerdo con el Frente Popular de Judea», en referencia al segundo partido del Parlamento empatado a 27 escaños con el PNV. También hizo varias menciones a Venezuela.

En la votación final, PNV y PSE defendieron la ley y rechazaron todas las enmiendas con su mayoría absoluta. EH Bildu votó en contra de los artículos referidos a la reforma de la Ley de Suelo y la de la RGI y se abstuvo en los de Turismo y Vivienda.

SINDICATOS, EN CONTRA

ELA calificó la nueva ley como una oportunidad perdida. Sostuvo que la norma «promovida por PNV y PSE beneficia los intereses privados y no dará solución a la crisis habitacional».

El sindicato reivindica garantizar el derecho subjetivo a la vivienda por ley y poner fin a la alternativa de las prestaciones; construir viviendas protegidas estrictamente de alquiler; aumentar el gasto público de vivienda destinando al menos el 2% del PIB de forma permanente; declarar zona tensionada toda la CAV, sin excepción y crear un índice de alquiler máximo de vivienda; movilizar las 45.000 viviendas vacías y destinarlas al alquiler; avanzar hacia un modelo público de construcción de vivienda y limitar y controlar las Viviendas de Uso Turístico y los alquileres temporales.

LAB, por su parte, denunció que «PNV y PSE han aprobado una ley a medida de la patronal inmobiliaria». Aseguró que «no incluye» ni una sola medida para proteger a la clase trabajadora y frenar la subida constante de los precios».

En opinión de LAB, «en lugar de abrir la posibilidad de multiplicar los beneficios a las constructoras, hay que fomentar el alquiler público, barato y permanente».

LAB apuntó a que «quieren vender que el problema es entre demanda y oferta» y que «hay que garantizar a los promotores y constructores una mayor rentabilidad para que la oferta sea mayor. Poco dicen, por no decir nada, de la presión fiscal para movilizar viviendas vacías, de los pisos turísticos secuestrados para hacer negocio, de los alquileres de temporada o de las iniciativas para multiplicar la capacidad de compra preferente de la administración».

Mientras en el interior se desarrollaba el debate, en el exterior estaba convocada una concentración del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, en la que unas decenas de personas protestaron contra una ley que consideran que «beneficia, principalmente, a constructoras y sectores especuladores».