Piden prorrogar el «decreto antidesahucios» para evitar oleada de lanzamientos

Stop Desahucios hizo ayer un llamamiento a «evitar una nueva oleada de desahucios en 2026», mediante la prórroga del escudo social que supone del decreto frente a los lanzamientos, cuya validez concluye el 31 de diciembre.

En una rueda de prensa celebrada en Donostia, representantes de la plataforma, acompañados por miembros de EH Bildu, Podemos y EB-IU, reclamaron también la aplicación «de las prórrogas extraordinarias» para las personas afectadas, previstas en la Ley de Vivienda, que alcanzan los tres años en los municipios tensionados y un año en el resto.

En un comunicado difundido durante la comparecencia, Stop Desahucios recordó además que la actual «crisis habitacional» se ha visto agravada «por la subida especulativa de los alquileres» que, según denunció, «ya supera los niveles de la burbuja de 2008».

FAMILIAS VULNERABLES

«Muchas familias vulnerables no pueden asumir estas rentas y sólo permanecen en sus viviendas gracias a la suspensión de sus desahucios» por el citado decreto de 2020, afirmaron.

Tras explicar que «cientos de familias vascas podrían quedar en la calle» si esta norma no se renueva, Stop Desahucios recordó que el decreto «garantiza el pago de las rentas a pequeños propietarios en dificultades», mientras que el Gobierno de Lakua «está abonando los alquileres que han dejado de percibir 259 arrendadores», según los precios fijados en la Estadística del Mercado del Alquiler.

«Es urgente poner en valor las prórrogas extraordinarias de los contratos finalizados que garantiza la Ley de Vivienda, como las que por ahora han solicitado 27 familias de la plataforma, especialmente ante prácticas como la negativa de la mayoría de arrendadores a renovar los contratos finalizados para vender a precio especulativo o destinar los pisos de uso residencial a contratos ilegales de temporada o turísticos», añadió la plataforma.

Tras insistir en que, «si no se aprueba una prórroga extraordinaria y universal» del citado decreto para 2026, la situación «podría desencadenar un tsunami de desahucios», la plataforma hizo un llamamiento a las administraciones públicas para que garanticen las medidas necesarias con el fin de que «ninguna familia termine durmiendo en la calle en 2026».

LEY DE MEDIDAS URGENTES

Por otra parte, la portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, expresó el rechazo de su plataforma a Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo aprobada esta semana por el Parlamento de Gasteiz porque, según indicó, «rebaja del 75 al 60 % el suelo disponible para la edificación de viviendas de VPO».

«Creemos que esto ha sido posible gracias a la presión que están ejerciendo los lobbys de constructoras y promotoras», denunció García.

«Otro punto muy importante es que otra vez se exige ante Lanbide tener un contrato de vivienda para poder cobrar la RGI y las ayudas sociales», advirtió García, quien aclaró que, en esta tesitura, las personas «más vulnerables», entre las que proliferan «contratos en negro, sobre todo de subarriendo de habitaciones» por lo elevado de los precios, no van a poder percibir estos subsidios y «por lo tanto están condenados al “sinhogarismo”».