La AN reconoce que Sorzabal se autoinculpó al ser torturada

Han tenido que pasar 24 años, pero finalmente la Audiencia Nacional española admitía algo que toda la sociedad sabía desde que se publicaron las imágenes con las marcas de los electrodos sobre su cuerpo: que «existe la evidencia de que fue sometida a la aplicación de electrodos por parte de aquellos funcionarios que la custodiaban».

El tribunal sostiene que el manuscrito en el que reconocía la autoría de los hechos es «nulo de pleno derecho al haberse obtenido mediante la violación de los derechos fundamentales de la acusada, pues es consecuencia de los malos tratos (aplicación de electrodos) que sufrió durante su detención y que tenían por objeto que la misma prestase declaración en los términos que se le indicaban». Como consecuencia de ello, la Sección Segunda de la Sala Penal absolvía a Iratxe Sorzabal de la colocación de un artefacto en Irun en 1995.

La sentencia generó múltiples reacciones, como la de la Red de Personas Torturadas de Euskal Herria, que valoró que el fallo debería «marcar un punto de inflexión para anular las condenas sustentadas en autoinculpaciones».

Pasados cinco meses sin que de la sentencia se hubiese desprendido ninguna actuación de oficio para investigar los hechos, la propia Sorzabal dio el paso de solicitar la reapertura.

En otro caso similar de torturas, sufridas en este caso por Raúl Fuentes en 1991, el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU reprendió al Estado español por no investigar los hechos pese a que «existieron indicios razonables» de tortura. Y recordó que, en base a la legislación internacional, este delito es imprescriptible dados los efectos permanentes que la tortura deja en la persona.

Mientras tanto, el donostiarra Peio Alcantarilla anunciaba la reapertura de la causa contra el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por las torturas que sufrió en Tres Cantos, tras reconocerle en televisión con motivo de su participación en el juicio del procès.

Y por último, este año se han vuelto a producir regresiones de grado a presos vascos, como los que han afectado a Xabier Zabalo y Jose Narbaez, que tuvieron que regresar a prisión. Por el contrario, los presos Balbino Saenz Olarra y Alberto Plazaola se convertían en los primeros en quedar en libertad tras la reforma legal que el pasado año erradicó el doble cómputo de condena impuesto a los presos vascos.

Txiki y Otaegi ya son víctimas

En el año en que se cumplía el 50 aniversario de sus fusilamientos, el Gobierno español ha reconocido como víctimas a Txiki y Otaegi y ha declarado nulo el Consejo de Guerra. El documento, firmado por el ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, remarca que fueron perseguidos «por razones políticas y juzgados sin garantías» y reconoce su condición de «víctimas de vulneraciones de derechos humanos».

Previamente, en unas polémicas declaraciones, el director de Gogora, Alberto Alonso, aseguraba que «no son luchadores por la libertad» y usaban «las mismas herramientas del franquismo». En esta linea, el Ayuntamiento de Zarautz denegaba locales municipales para una exposición.

Por su parte, el Gobierno navarro ha reconocido este año a una veintena de víctimas de violencia estatal, con lo que ya llegan a un centenar, seis de ellas mortales. La mayor parte son personas torturadas a partir de los años 70, a las que se suman otras que sufrieron lesiones físicas y/o sicológicas, así como daños materiales. J.S.