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UNA LÍNEA ROJA ÉTICA EN CUESTIÓN

Japón agita el tabú nuclear

La jefa del Gobierno de Japón, Sanae Takaichi, estudia flexibilizar la prohibición de entrada de armas nucleares en el país y revisar los principios antinucleares, enfrentando a su Ejecutivo con los supervivientes de las bombas atómicas lanzadas por EEUU en Hiroshima y Nagasaki así como con antiguos primeros ministros.

(Yoshikazu TSUNO | AFP)

El consenso antinuclear que ha definido a Japón durante casi seis décadas empieza a mostrar fisuras inquietantes. Un alto cargo del entorno de la primera ministra, Sanae Takaichi, que asesora en la definición de la política de seguridad nacional, afirmó recientemente que el país «debería poseer armas nucleares». Aunque la declaración fue presentada como una opinión personal y calificada de «irrealista» a corto plazo, su impacto político ha sido inmediato: reabrir un debate profundamente sensible en el único país del mundo que ha sufrido ataques atómicos en tiempo de guerra.

Las palabras llegan en un contexto de creciente tensión geopolítica en Asia oriental y coinciden con la revisión en curso de la Estrategia de Seguridad Nacional impulsada por el Gobierno de Takaichi, conocida por su perfil abiertamente duro en materia de defensa y por su estrecha alineación con Washington. Oficialmente, el Ejecutivo insiste en que se mantiene fiel a los tres principios no nucleares adoptados por el país -no poseer, no producir y no permitir la introducción de armas nucleares-, pero la ambigüedad de su discurso y las filtraciones desde el propio estamento gubernamental han disparado las alarmas políticas, sociales y diplomáticas.

EL DEBATE TOCA UN NERVIO HISTÓRICO ESPECIALMENTE SENSIBLE.

Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki dejaron más de 200.000 muertos y una huella indeleble en las siguientes generaciones marcadas por la radiación, el estigma y el trauma. De aquella experiencia surgió, en la posguerra, un amplio consenso social en contra de las armas nucleares, íntimamente ligado a la Constitución pacifista de 1947 y a la voluntad de proyectar a Japón como una potencia civil comprometida con la paz y el desarme.

Ese consenso quedó institucionalizado en 1967, cuando el entonces primer ministro, Eisaku Satō, proclamó en el Parlamento los Tres Principios No Nucleares, convertidos con el tiempo en un auténtico credo nacional. Satō, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1974, los defendió en plena Guerra Fría mientras Japón delegaba su seguridad en el paraguas nuclear de Estados Unidos.

Hoy, sin embargo, el endurecimiento del entorno estratégico -con China reforzando su arsenal, Corea del Norte acelerando su programa nuclear y Rusia intensificando su presión militar- está reabriendo un debate que hasta hace poco parecía políticamente impensable.

Ya a mediados del pasado noviembre, fuentes gubernamentales admitieron que Takaichi no tenía intención de revisar los principios de no producir ni poseer armas nucleares. Sin embargo, esas mismas fuentes reconocieron la preocupación del Ejecutivo por el tercer principio: el que prohíbe la entrada de armamento nuclear en territorio japonés. Mantenerlo de forma estricta, sostienen, podría dificultar las escalas en puertos japoneses de buques estadounidenses con capacidad nuclear y, en caso de crisis regional, debilitar la credibilidad de la disuasión ofrecida por la alianza con Washington.

ESTE ENFOQUE HA PROVOCADO UNA REACCIÓN FRONTAL DE LOS SUPERVIVIENTES DE LOS BOMBARDEOS ATÓMICOS,

agrupados en Nihon Hidankyo (Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas A y H), recientemente galardonados con el Premio Nobel de la Paz en 2024. En un comunicado, el colectivo «protestó enérgicamente» contra cualquier intento de revisar una política que consideran un pilar moral del Japón de posguerra. Los hibakusha advierten de que permitir la entrada de armas nucleares convertiría al país en una base potencial de guerra nuclear y, al mismo tiempo, en un objetivo prioritario de ataque, traicionando la memoria de Hiroshima y Nagasaki.

Las críticas han llegado también desde el interior del sistema político. Dos ex primeros ministros han subrayado que los principios antinucleares constituyen una política de Estado, no una opción coyuntural. Fumio Kishida recordó que ese compromiso ha sido sostenido por Gobiernos de distinto signo, mientras que Yoshihiko Noda alertó del creciente malestar ciudadano provocado por el rumbo del Gabinete de Takaichi y exigió respeto a un consenso que no puede erosionarse por cálculos estratégicos de corto plazo.

MÁS ALLÁ DEL DEBATE TÉCNICO SOBRE DISUASIÓN Y ALIANZAS,

lo que está en juego es la legitimidad moral del Japón contemporáneo. El país que hizo del «nunca más» nuclear una seña de identidad se enfrenta hoy a la tentación de relativizar su propia historia.

Para muchos japoneses, no se trata solo de una cuestión de seguridad, sino de una línea roja ética: la que separa la defensa del abandono de una lección aprendida con la devastación de la historia.