Caza de brujas en Iruñea: así se «disciplinaba» a las mujeres

Cómo se «disciplinaba» a las mujeres que rompían los patrones sociales en la Edad Moderna ha sido recogido por la historiadora Leire San Martín Marcos en su libro “La caza de brujas en Pamplona. Sala del tormento, procesión infamante y hoguera”, publicado por Katakrak Liburuak.

Según explica su autora, a través de esta obra, busca «dar un lugar en la memoria de la ciudad a todas las mujeres expuestas a la tortura, la violencia y el asesinato siglos atrás», mientras pone el acento en que, detrás de la acusación de brujería, «se escondían una serie de intereses económicos y políticos, al tiempo que señalaban la conducta de las mujeres que amenazaban el nuevo orden en la sociedad en el siglo XVI».

San Martín recuerda que fue en la Edad Media cuando se creó «una inquisición dependiente de la Iglesia para combatir la herejía». En el caso del reino de Nafarroa, en 1238 se designaba a un franciscano y a un dominico como inquisidores, y en 1393, el obispo de Iruñea, Martín de Zalba, obtuvo el permiso para erigir en la diócesis un tribunal de la Inquisición.

Las persecuciones de esa primera época estaban protagonizadas por mujeres a las que se acusaba de envenenamiento, para después empezar a articularse «un discurso penal impregnado de concepciones de herejía y malignidad diabólica».

Algunas de esas cazas de brujas surgieron a raíz de los brotes de Peste Negra (1347-1349), acusándolas de provocarlos, y el escenario principal fue Ultrapuertos, donde se fue consolidando la idea de que era un territorio embrujado, con un modelo de bruja descrito como «una mujer sola, vieja, fea y hacedora de pociones».

CONTROL TRAS LA CONQUISTA

Esta inquisición medieval controlada por el Papa y los dominicos se vio desplazada por el Santo Oficio, creado por los Reyes Católicos en 1478 y que se convirtió en el instrumento que utilizó Fernando el Católico para reforzar su dominio sobre Nafarroa tras la conquista de 1512 y para «reprimir todos los aspectos que subvirtieran al Estado».

Así, el 21 de diciembre de 1513 se instaló en Iruñea el Tribunal de la Inquisición «como instrumento de control social de la conquista» y para «el enraizamiento de la ideología del dominio castellano».

Esta institución fue «muy mal recibida» por los iruindarras al tratarse de un órgano «extranjero que atentaba contra el funcionamiento interno del reino». Pero iba más allá, ya que se buscaba «centralizar el poder», convirtiéndolo en «una herramienta indispensable para reforzar el recién llegado Estado Moderno».

Ese tribunal permaneció en la capital dos años y después se hizo itinerante, pasando por Lizarra y Tutera para terminar recalando en Calahorra, donde se transformó en tribunal propio en 1521, suprimiéndose el de Nafarroa.

A partir de 1570, fue trasladado a Logroño, que se convirtió en su sede definitiva hasta su cese en el siglo XIX con la supresión del Santo Oficio.

Su actuación estuvo centrada especialmente en asuntos de brujería, «aunque también afectó a una minoría de moriscos reprimidos», y extendió su jurisdicción por todo Hego Euskal Herria, La Rioja y parte de Soria, Burgos y Cantabria.

Al ser un órgano dependiente directamente de la monarquía española, «los inquisidores eran nombrados por el propio rey y sus salarios salían de los fondos que obtenían de las confiscaciones de bienes hechas a los herejes, al igual que los sueldos de otros funcionarios del monarca». Los tribunales inquisitoriales se componían de dos o tres inquisidores que eran asistidos por unos 60 oficiales.

Pero la Inquisición no fue la única instancia con competencias en la caza de brujas. También figuraban los Tribunales Reales (la Real Corte y el Real Consejo) y la Audiencia Episcopal de Iruñea. Los Tribunales Reales empezaron a actuar en el año 1525, cuando se desató la caza de brujas de Zaraitzu y Erronkari, y que culminó con la quema pública en Auritz, además de Agoitz, Ezkaroz e Iruñea.

De esta manera arrancó un periodo de 70 años en el que fueron acusadas de brujería entre 300 y 400 personas. Los Tribunales Reales procesaron a 101 personas, de las cuales 70 eran mujeres y 31 hombres. La Inquisición procesó a 86 personas, 18 hombres y 68 mujeres, y la Audiencia Episcopal a cuatro, un hombre y tres mujeres. Estos datos recopilados por San Martín suponen que, del total, el 26% eran hombres y el 74% mujeres.

Las causas por brujería se solían iniciar a partir de denuncias o acusaciones particulares, muchas de ellas motivadas por «enfrentamientos dentro de las comunidades, envidias e incluso disputas intrafamiliares», de tal manera que «la acusación de brujería fue utilizada como una herramienta por venganza o interés».

Las personas acusadas, a las que se les confiscaban los bienes, eran detenidas y trasladadas a Iruñea en un burro para encarcelarlas, interrogarlas y torturarlas en el Consejo Real, edificio que ocupaba dos tercios de la actual plaza de San Francisco.

Entonces comenzaba el pleito, que contaba con una fase sumaria, en la que se reunía toda la información para preparar la fase plenaria, en la que se presentaba la demanda a la persona acusada y la probatoria para ratificar la información de la sumaria.

«EN LA CÁMARA DEL TORMENTO»

En este punto del proceso se podía someter a las supuestas brujas a «cuestión de tormento», una práctica que se consideraba «un método ‘eficaz’ con el que forzar la confesión de las acusadas, un elemento completamente normalizado», destaca la historiadora. De hecho, el fiscal exigía en todos los pleitos de brujería que los acusados fueran sometidos a torturas y los documentos oficiales arrancaban con el encabezamiento «En la ciudad de Pamplona, en la cámara del tormento».

En la sala de torturas, a la persona acusada le esperaban dos jueces, un escribano y el verdugo, junto con «las herramientas de tortura expuestas». Había quien confesaba lo que querían oír para evitar las torturas, pero, a quien no lo hacía, se le desnudaba, le echaban en una tabla o escalera y le ataban las articulaciones para estirarlas.

Si incluso así no confesaba, se recurría al brasero con fuego, untándole los pies con aceite y acercándoles las llamas, o al «tormento de agoa», poniéndole un lienzo o un embudo en la boca y vertiendo agua para provocar ahogo y asfixia.

Tras las torturas, se dictaba sentencia. Entre 1525 y 1610, se ejecutaron 58 penas de muerte, aunque la condena más frecuente de los Tribunales Reales fue el destierro, junto con el pago de las costas del proceso, que debían cubrir tanto los condenados como los absueltos. En el caso de las penas de muerte, era la familia de la persona ejecutada la que tenía que correr con los gastos.

San Martín añade al respecto que «puntualmente también les confiscaban los bienes, que luego vendían en subasta pública para poder ir llenando las arcas del Estado», lo que pone en evidencia que uno de los intereses principales de la caza de brujas era «el recaudatorio».

Otro castigo eran los azotes, que llegaban a los 100 en el caso de las mujeres y a los 200 en el de los hombres.

LA «PROCESIÓN INFAMANTE»

Además, el castigo iba acompañado del escarnio público mediante una «procesión infamante» por determinadas calles de Iruñea. A la persona condenada se le sacaba de las cárceles reales montada en una «bestia de basto», a son de trompeta y con un pregonero proclamando a viva voz su delito.

En el caso de las personas condenadas a muerte, los cofrades de la Vera Cruz les acompañaban en sus últimas horas en prisión y en ese recorrido de vergüenza pública, que arrancaba en la plaza del Consejo y seguía por Zapatería y Pozo Blanco, atravesaba la plaza del Castillo para bajar por Estafeta hacia la cruz del Mentidero y continuar por Mercaderes, plaza Consistorial, Zapatería, San Antón y terminar en la Taconera.

En la zona del parque donde ahora se levanta un hotel estaría la horca, el garrote o la hoguera donde se ejecutaría la pena de muerte. Si la persona condenada no era pasto de las llamas, su cadáver se dejaba expuesto en el patíbulo durante unas horas, hasta que el cuerpo era enterrado por los cofrades de la Vera Cruz.

CONTRA LA MUJER FUERTE

Así podían terminar las víctimas de una caza de brujas que en el siglo XVI se centró en la zona pirenaica, ya que era «un territorio que no estaba enteramente sometido por los conquistadores españoles y donde abundaban los legitimistas que actuaban en secreto».

Aunque sin olvidar que las autoridades también tenían «el propósito de disciplinar a las mujeres navarras que rompían los patrones de comportamiento», recalca la historiadora.

Esa circunstancia se aprecia en la documentación conservada, en la que emerge «una serie de mujeres poderosas, fuertes y de carácter que representaban la resistencia. La bruja era aquella que evitaba la maternidad, la mendiga que sobrevivía robando, la prostituta o la que practicaba su sexualidad fuera del vínculo matrimonial, la que tomaba la iniciativa y era tan agresiva como un hombre».

Muchas de las encausadas eran viudas, que estaban consideradas como especialmente peligrosas, ya que eran mujeres que por primera vez en su vida no estaban sometidas a un hombre, fuera su padre o su marido, y porque tenían experiencia sexual al haber estado casadas. Además contaban con unos bienes en ocasiones ambicionados por otros miembros de su familia y que acusándoles de brujería, las quitaban de en medio para hacerse con su patrimonio.

La caza de brujas tocó techo en Nafarroa con el Auto de Fe de Logroño en noviembre del año 1610, que desató una auténtica histeria en el norte del viejo reino y en una parte de Gipuzkoa. Una vorágine que llevó incluso a actuar al inquisidor Alonso de Salazar y Frías, y al obispo de Iruñea, Antonio Venegas y Figueroa, para ponerle freno.

Con ese objetivo, el 29 de agosto de 1614 vio la luz el Edicto de Silencio, que suspendió todas las causas por brujería y que hizo que estas se fueran desdibujando, hasta darse por finalizada esta caza con un pleito de 1675.