Etxanobe admite ahora que el marco normativo era un «obstáculo insalvable» para el Guggenheim en Urdaibai

Después de asegurar en la campaña electoral de 2023 que el proyecto se iba a hacer «sí o sí», la ahora diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, reconoció ayer ante la comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de Juntas Generales que «siempre» fueron conscientes de que «el marco normativo podía llegar a ser un obstáculo insalvable» para la construcción de la ampliación del museo Guggenheim en Urdaibai. Según Elixabete Etxanobe, informes posteriores han sido los que han confirmado la «inviabilidad» del mismo «a corto y medio plazo» a consecuencia de complejas «trabas» jurídicas.

Desde la oposición le exigieron «autocrítica» ante un proyecto que la portavoz del PP, Raquel González, definió de «fantasma». «Emprendieron una huida hacia adelante hasta que chocaron con la opinión unánime de la comarca», dijo Iker Casanova, de EH Bildu. Elkarrekin solicitó una auditoría externa para fiscalizar cada euro invertido.

Etxanobe compareció en la Cámara vizcaina, a petición de PP y EH Bildu, para detallar las razones que han empujado al Patronato del Guggenheim a desechar un proyecto que, a la vista de las manifestaciones de la propia diputada general, tenía pies de barro. El cambio de posición, dijo, ha estado guiado «por la responsabilidad» al tener la certeza, según informes solicitados, de que el panorama jurídico y administrativo, incluyendo los procesos judiciales abiertos, no quedaría despejado «antes de 2035».

Incidió en que su ubicación en la reserva de la biosfera era su gran atractivo, «pero también su principal debilidad». «Siempre se ha intuido que el marco normativo podía llegar a ser un obstáculo insalvable para la materialización de un proyecto singular que solo podía expresar su originalidad en la ubicación elegida», pero «cuando los estudios realizados han convertido la intuición en certeza, se ha actuado en consecuencia», expuso quien defendió a capa y espada una infraestructura que una mayoría social de Busturialdea rechazaba.

El juntero jeltzale Julen Karrion, que es también alcalde de Murueta, donde agilizaron la maquinaria administrativa para tramitar el Plan General que diera cobijo a una de las sedes, reivindicó la «seriedad institucional» de la Diputación al saber parar un proyecto cuando los estudios técnicos desaconsejaban su viabilidad.

SIN DATOS SOBRE LA INVERSIÓN TOTAL

Respecto a la inversión ejecutada hasta la fecha, la diputada general se limitó a hablar de lo destinado a los trabajos de desmantelamiento y recuperación de suelos en los terrenos de la antigua fábrica de Dalia, que han ascendido a 1.166.982,02 euros, sin avanzar una cifra de la inversión total en los 17 años que sucesivos responsables forales han promovido con mayor o menor intensidad el polémico proyecto.

Etxanobe defendió que el dinero desembolsado en Dalia tiene un valor ambiental intrínseco para la ciudadanía, independientemente del fin del proyecto museístico.

En cuanto a la subvención de 40 millones de euros acordada en 2023 entre Diputación y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para «actuaciones de desarrollo sostenible y ambientales» en el estuario del Oka, pacto que llegó acompañado de la resolución de Costas -que se encuentra recurrida ante la Audiencia Nacional- que rebajó de 100 a 20 metros la anchura de la zona de protección del tramo ocupado por Astilleros de Murueta, la diputada general informó que negocian con el Gobierno español para que se mantenga.

«NULA AUTOCRÍTICA»

El portavoz de EH Bildu, Iker Casanova, denunció la «nula autocrítica» del Gobierno foral PNV-PSE y le acusó de actuar «de espaldas a la voluntad de la ciudadanía». Definió la trayectoria del proyecto como una «huida hacia adelante» que ha acabado chocando contra un muro jurídico, instando a la Diputación a «pedir perdón» por haber mantenido durante años una propuesta técnicamente insalvable.

Raquel González, del PP, calificó la renuncia como una «crónica de una muerte anunciada», criticando que se haya tardado 17 años en admitir unas limitaciones legales que ya eran conocidas en 2008. Exigió «transparencia total» sobre el destino de los 40 millones de euros presupuestados y reclamó responsabilidades políticas por la gestión de lo que considera un «proyecto fantasma».

Desde Elkarrekin, Eneritz de Madariaga mostró su preocupación porque «las necesidades de una entidad privada se situaran por encima de la legislación de un territorio». Censuró que la Diputación haya utilizado el tiempo y los estudios para intentar «retorcer la ley» y solicitó una auditoría externa para fiscalizar cada euro invertido en un proyecto que, a su juicio, carecía de sentido desde su concepción.