La Ertzaintza busca en el Consistorio de Getxo indicios de delito

La Ertzaintza registró ayer varias dependencias del Ayuntamiento de Getxo en cumplimiento de un auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad en el marco de la investigación abierta por el derribo del palacete Irurak Bat de Algorta. Se trata de determinar si en este caso se cometieron sendos delitos de prevaricación y contra el patrimonio.

Después de horas de búsqueda en las oficinas de Urbanismo, en el edificio Santa Clara, agentes sacaron varias cajas que transportaron caminando hasta la comisaría de la Ertzaintza, a escasos metros.

El juez ordenó las pesquisas para aclarar si se cometió algún ilícito penal en torno a la destrucción del singular inmueble de 1845 para construir pisos de lujo, promovidos por una cooperativa en la que participan dos concejales del PNV, Inazio Uriarte e Irantzu Uriarte. La denuncia original fue presentada por EH Bildu y, posteriormente, también el PP acudió al juzgado.

Una de las claves de la investigación está en la denuncia del arquitecto municipal que se hizo cargo al inicio del expediente, experto en patrimonio, que asegura que fue apartado. Tras ese cambio, en el que la arquitecta de planeamiento asumió la responsabilidad, se produjo el derribo del singular edificio de Algorta.

Antes, otra empresa había tratado de impulsar un primer proyecto inmobiliario en el solar de San Nicolás número 11, pero renunció por los condicionantes que se le habían impuesto, que encarecían la operación. Un mes después de esa renuncia, la gestora de cooperativas Biurban presentó su proyecto, atendiendo a los requerimientos de Urbanismo y logró el plácet municipal. En un informe, la Policía autonómica sospecha que hubo «contactos previos entre trabajadores municipales y la gestora».

Precisamente hoy estaban llamados a declarar como investigados el administrador de la gestora de cooperativas, el responsable de la constructora, el arquitecto autor del proyecto y otro profesional que participó en la actuación. También estaban convocados como testigos un empresario que descartó previamente la operación por no ser viable económicamente y el técnico que elaboró la Inspección Técnica del Edificio (ITE).

EL GOBIERNO MUNICIPAL NO VE «NINGUNA IRREGULARIDAD»

Al finalizar el registro, el Ayuntamiento de Getxo, gobernado por PNV y PSE, aseguró haber «colaborado activamente con la investigación judicial».

La alcaldesa, Amaia Agirre, dijo no tener constancia de «ninguna irregularidad», tesis que viene defendiendo desde el inicio, aunque también es cierto que la primera edil se vio sorprendida por la participación de sus compañeros de partido en la cooperativa que está detrás de la edificación de las viviendas de lujo. Eso y otras cuestiones relacionadas con la gestión municipal abrieron una «crisis interna» en el seno del PNV getxoztarra, que continúa abierta, que tuvo su reflejo en una segunda reorganización de su equipo.

Según manifestó tras el sobresalto por la visita de la Policía autonómica, «en lo que depende del Ayuntamiento, se ha actuado conforme a la legalidad» y el expediente se tramitó «correctamente, siguiendo los procedimientos habituales, con revisión del personal técnico competente y los informes necesarios».

Agirre defendió que «cuando la promotora derribó parte del edificio sin el permiso correspondiente, el Ayuntamiento actuó con rapidez y con firmeza, se paralizó la obra de inmediato y se abrió el expediente sancionador a la empresa». Según añadió, «si la investigación en curso acreditara alguna vulneración ética o legal, adoptaremos las medidas oportunas con toda la contundencia».

DOS AÑOS DESDE EL DERRIBO

El caso se remonta a agosto de 2024, cuando se comenzó a demoler el palacete, de estilo neoclásico. Entonces, policías locales realizaron una inspección tras las denuncias realizadas por residentes y el Consistorio ordenó la paralización de la construcción de un bloque anexo de viviendas de lujo.

De hecho, en una resolución de Urbanismo, del 9 de agosto, se exigió a los promotores volver a levantar el singular edificio, donde iban a tener cabida seis de las doce viviendas de lujo previstas, para restablecer la «legalidad urbanística» y cumplir con las condiciones de la licencia otorgada. En septiembre, el Ayuntamiento informó de la apertura de un expediente sancionador y, un mes después, EH Bildu acudió a la Fiscalía tras denunciar los «obstáculos» puestos por el Gobierno de PNV y PSE.

«Seguiremos presionando para esclarecer lo ocurrido, exigiremos que se asuman las responsabilidades oportunas y presionaremos para que se proteja el patrimonio histórico de nuestro pueblo y se adopten las medidas correctoras necesarias para optimizar el funcionamiento del Área de Urbanismo y Disciplina Urbanística», manifestó.

La denuncia dio pie a una investigación judicial, que en noviembre de 2024 pidió un informe a la Ertzaintza. Sus conclusiones, apuntan fuentes judiciales, han sido determinantes en el impulso de la instrucción, que se ha dilatado por cambios en el juzgado. El pasado octubre, la jueza al cargo entonces prorrogó la instrucción seis meses.

La presión había ido en aumento en los meses previos. En marzo de 2025, el Gobierno municipal impuso una sanción de 50.000 euros a Ereaga Atalaya Sociedad Cooperativa, la constructora, al director de obra y al arquitecto, que, según un informe técnico, se «ahorraron» 730.000 euros al demoler de forma irregular el inmueble de estilo neoclásico en vez de rehabilitarlo.

En julio el Consistorio de Getxo reinició el proceso de sanción gracias a un recurso de EH Bildu, que pide una multa de al menos 730.000 euros, lo que la promotora se ahorró.

La oposición confía en la investigación, que preocupa al PNV

EH Bildu y PP coincidieron en señalar que el registro es consecuencia de la decisión del PNV, avalada por el PSE, de obstaculizar cualquier investigación en el Consistorio que aclarase lo sucedido en torno a este expediente urbanístico. Los aludidos mostraron su «preocupación».

Los soberanistas de izquierda confían en que las actuaciones judiciales permitan esclarecer lo ocurrido y depurar todas las responsabilidades. «Esperamos también que estos hechos sirvan para que el equipo de Gobierno empiece a tomarse en serio la protección del patrimonio de Getxo -este no es un caso aislado, no es el primer edificio protegido cuyo derribo han permitido PNV y PSE- y, sobre todo, para cambiar un modelo de gobernanza basado en la opacidad», señalaron.

EH Bildu aseguró que «no va a mirar hacia otro lado». «Seguiremos impulsando todas las acciones políticas, administrativas y judiciales necesarias hasta que se conozca toda la verdad y se asuman responsabilidades», prometió.

El portavoz del PP, Eduardo Andrade, consideró que la alcaldesa debería dimitir porque el Ayuntamiento «se le ha ido de las manos» y, en vez de poner los medios para investigar, «hizo todo lo posible para que no se aclarara». A su juicio, el registro viene a confirmar las «sospechas» que tienen en la localidad de que «el PNV ha estado tapando e intentado ocultar un tema confuso, lo que ocurrió en el palacete y quitándole importancia».

El PNV mostró su «preocupación» por estas actuaciones judiciales, asegurando que «somos los primeros interesados en aclarar cuanto antes esta cuestión». Dijo que «siempre se ha solicitado al Ayuntamiento transparencia, colaboración y ejemplaridad en esta cuestión».

De inicio, mantiene la confianza en sus cargos municipales. Según los datos con los que cuenta, estima que se ha actuado «de acuerdo con los procedimientos y las normas vigentes». En cualquier caso, avanzó que está analizando la situación junto con el Bizkai Buru Batzar «y ante cualquier indicio de posibles responsabilidades políticas, actuará con la mayor contundencia».

También sus socios del PSE compartieron la «preocupación». Su portavoz, Carmen Díaz, instó a ser prudentes y a esperar a que se «aclare todo esto y, en sentido de lo que vaya apareciendo, el Partido Socialista tomará las decisiones oportunas». A.G.