PP, Vox y Junts vuelvan a tumbar en el Congreso el escudo social

El pleno del Congreso español, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts, derogó ayer por segunda vez en un mes el decreto que prorroga la suspensión de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado escudo social, como la prohibición de cortar los suministros básicos.

El decreto -rechazado por 172 votos a favor, 177 en contra y una abstención (UPN)- incluía otras medidas como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos, las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos y para los afectados por la dana y los incendios, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.

Otras de las medidas que quedan sin efecto con la derogación de la norma son la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, la eliminación de la obligación de los perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta y la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocadas por diversos acontecimientos naturales.

PP, Vox y Junts volvieron a votar en contra, como hicieron hace un mes, con el argumento de que la moratoria antidesahucios «protege la okupación».

El Gobierno señaló que no va a «trocear» más este decreto-ley para conseguir la abstención de Junts.

REVALORIZACIÓN DE PENSIONES

El pleno del Congreso sí convalidó ayer, con el único rechazo de Vox, el decreto ley que revaloriza las pensiones un 2,7% con carácter general, que llega al 7% en el caso de las mínimas y al 11,4% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital.

El decreto fue aprobado con los votos a favor de toda la Cámara, salvo Vox, y será tramitado como proyecto de ley, después de que el Ejecutivo volviera a traerlo a las Cortes de forma separada del decreto que incluye el escudo social.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió la revalorización porque es «una medida justa, urgente y necesaria para la estabilidad del sistema» y necesaria para los cerca de trece millones de pensiones y prestaciones.

«La actualización de las pensiones conforme al IPC es un derecho que garantiza la dignidad y el poder adquisitivo de los mayores, y un compromiso del Gobierno con quienes contribuyeron al sistema de la Seguridad Social», afirmó Saiz, quien apeló también a la juventud.

«Esto también va de fortalecer el sistema público de la Seguridad Social para que las siguientes generaciones encuentren las misma protección que hoy existe», añadió.