Desclasificación habemus

Ya lo dijo Gregorio Morán pasados 30 años de los hechos: «Cada día que pasa no sabemos más del 23-F sino menos». Todo un fracaso y un indiscutible éxito, según para quién. Había que navegar entre los silencios de los que sabían, los que amagaban con decir sin saber o sin intención de hablar, los fabricantes de bulos (menos extravagantes y febriles y más inteligentes que los de hoy), el doble lenguaje de los políticos del «Cambio» («hombre blanco hablar con lengua de serpiente», a decir de “Cuervo Ingenuo”-Krahe y, por supuesto, la maquinaria mediática ocupada a tiempo completo en la consolidación del régimen de la Transición.

Periodistas y, en menor medida, historiadores, se internaron en una selva de personajes, testimonios y documentos de muy variada calidad y publicaron relatos que, contra lo que pretendían, recordaban la fábula del parto de los montes. Descubrieron poco que el lector no imaginara y menos de lo que este quería saber. No siempre por culpa de un sesgo ideológico o empresarial o por la capacidad de sus autores. La mayor parte de esos textos eran crónicas de cerco, esto es, se quedaban a este lado del foso que protegía los despachos del nuevo orden. Y cuando accedían a los nombres y hechos que no debían trascender estos se quedaban en la carpeta, por cautela y quién sabe si a la espera de aquel tipo de uso propio de ambiente del hampa con el que algo más tarde amenazó Alfonso Guerra a sus oponentes desde la tribuna del Parlamento.

Entre las excepciones, que las hubo, puedo citar y seguro que no es casual, a autores que, lejos de ser profesionales en la materia, eran testigos uniformados aquel 23 de febrero: los militares Pardo Zancada, Martínez Inglés o Sánchez-Valiente. Todos ellos, desde posiciones ideológicas y personales muy distintas coincidieron en afirmar el hecho que con mayor énfasis se ha venido negando desde entonces. No mediante su persecución, no eran formas democráticas, sino mediante una goebbelsiana reiteración masiva de la afirmación contraria. Dicho en cinco palabras, «el rey salvó la democracia». Precisamente, y vuelvo al presente, la estrategia comunicativa que la desclasificación de los documentos del 23F por el Gobierno el día 25, unida a los titulares y primera revelación de los principales medios del Estado, ha saboteado sin remedio.

Veamos cómo. La única y suficiente certeza oficial acerca del 23F ha venido siendo el citado papel salvífico desempeñado por el monarca. A partir de este dogma afrontamos el acontecimiento del día: el Gobierno acaba de desclasificar, con todo el aparato publicitario que requiere el suceso, «todos» los documentos secretos en su poder concernientes al golpe de Estado. Y a ello le sigue una primera reacción (la más reveladora, al imprimir en la mente del lector la impresión con la que leerá el resto de la información) que, por usar el titular del llamado «medio de referencia» en español, se concreta en este titular a toda página: “Los archivos secretos del 23-F avalan el papel de Juan Carlos I”. La mayoría de los medios proporcionarán, con tintes de descubrimiento, la misma revelación.

Una afirmación tan rotunda que reclama un inmediato: «Ah, ¿pero es que había dudas al respecto?». Y una conclusión: el énfasis en lo dado por obvio supone un desmentido involuntario de lo afirmado (o su muy razonable cuestionamiento). Toda una grieta por la que se cuela todo el conocimiento, voces, razones que se consideró necesario ocultar, desprestigiar, cuando no otra cosa, y excluir de la historia de aquel suceso mencionable en sociedad.

Volvamos a lo sabido pero no desclasificado. El rey fue resignificado una vez fracasado el golpe. De elemento trágala para la oposición al franquismo a cambio de otras renuncias de los aperturistas del régimen, a piedra clave del nuevo orden liberal. Esa necesidad se extiende, por lo estos días visto, y permanece con su sucesor. La piedra corona -nunca mejor dicho− ha mutado en estos años en pieza consustancial al nuevo régimen político español. Hablo de la clase dirigente, que al pueblo nunca se le ha permitido opinar sobre la monarquía (si no creemos a nuestros propios ojos, ¿será necesario recurrir a las confidencias de Suárez a Prego?). Una muestra de ello es el esfuerzo que ahora observamos por reforzar la imagen de quien esperó a saber qué opinaban sus capitales generales subordinados para oponerse al Tejerazo.

El popurrí o el infundio servirán a este fin. El primero cuando, encajadas en una ristra de documentos anónimos y sin fecha, se incluyen unas consignas para un próximo golpe de Estado entre las cuales aparece la otra frase del momento: el «borbón» será «un objetivo a batir y anular». Un modo de, sin mentir, facilitar la idea de un contar con un rey democrático y opuesto a toda veleidad golpista. A esto mismo colaborará ese otro documento donde el Partido Comunista advertiría contra una campaña de la extrema derecha para implicar -falsamente, se entiende− al monarca en el 23F. Lástima que sea falso y los aludidos lo atribuyan a un intento de blanquear al rey (y la Transición de la que venimos, añadiremos).

Creo que no es ponerse exquisitos el preguntarse si unos documentos publicados con vanos, textos tachados y líneas cortadas entran en la categoría de desvelados cuando es justamente lo desaparecido o ilegible lo que más interesa conocer. Algo semejante vale decir de los papeles, como ya se ha aludido, carentes de referencia de autor o fecha. Una desclasificación, por consiguiente, cómoda de hacer y de entretenimiento para el ciudadano. Todos ganan y nadie pierde.

Sólo nos queda decir que, estimulados por esta voluntad de transparencia, seguiremos reclamando otras sin las deficiencias señaladas. Del 3 de marzo, el 8 de julio, el 9 de mayo... nos faltan días en el calendario. Sin olvidar la inútilmente solicitada por su familia en el Juzgado de Pamplona sobre el servicio que decidió y los elementos que perpetraron el asesinato de Francisco Javier Biurrun y la voladura de su empresa el 27 de enero de 1987.