Ezkaba es ya lugar de memoria democrática

Bajo un sol limpio de mañana de primavera, los acordes de “El cant dels ocells” de Pau Casals se alzaban frente al portón del fuerte de Ezkaba. No faltó el aurresku ni el “Txoria txori” de Mikel Laboa interpretado con violín y violonchelo, ni tampoco las palabras en memoria de las personas que, hace casi noventa años, cruzaron ese mismo umbral sin saber si volverían a salir.

Ayer, el Boletín Oficial del Estado publicó la resolución que al fin declara al fuerte de Ezkaba Lugar de Memoria Democrática. Un solemne acto tuvo lugar allí mismo, a los pies del portón, donde la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia del Gobierno de Nafarroa, Ana Ollo, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, decubrieron la placa que lo oficializa y conmemora en castellano y en euskara.

Concebido como fortaleza defensiva y obsoleto antes incluso de terminarse, el fuerte de Ezkaba es recordado más bien por su condición de penal infernal en tiempos de la guerra del 36 y por haber sido, a su vez, escenario de la mayor fuga de Europa.

Tras la sublevación militar de julio de 1936, en estas mismas galerías se hacinaron, en condiciones precarias, cerca de 2.500 presos políticos, encerrados en el fuerte como medida represiva por sus ideas libertarias, socialistas, nacionalistas, comunistas, republicanas o abertzales.

El 22 de mayo de 1938, casi 800 de esos reclusos protagonizaron una histórica fuga al escapar del fuerte después de que un reducido grupo de presos se hiciera con el control de la instalación.

Después de la fuga, las autoridades franquistas comenzaron una persecución y más de doscientos fugados fueron abatidos en los montes. Solo tres lograron cruzar la muga.

Al acabar la Segunda Guerra Mundial, el fuerte fue clausurado como penal y reconvertido en depósito de municiones, uso que mantuvo hasta que el Ejército español lo abandonó en 1987.

ANA, HIJA DE JOVINO

Entre los presos que lograron cruzar la muga tras la fuga estaba Jovino Fernández. Ayer habló en su memoria su hija, Ana, que con acento afrancesado se dirigó a su padre como si aún pudiera oírla: «Papi, estamos en Pamplona, en la puerta del fuerte de San Cristóbal. Hemos venido a presenciar un suceso notable ya que va a pasar a ser un monumento de memoria histórica. Imagino el orgullo que sentirías».

A renglón seguido, Ana Fernández leyó fragmentos de la entrevista que el propio Jovino concedió a “Solidaridad Obrera” después de la fuga. Sobre la llegada al penal, el expreso contó: «Me entregaron al jefe del penal como si se tratara de un fardo. Sin ropa, sin colchoneta, sin nada. Un día, en la ración del potaje para cuarenta hombres pudimos contar hasta sesenta garbanzos».

Trasladó a los presentes la rutina carcelaria que relató su padre: «Levantarse del duro suelo al toque de diana, pasear como autómatas por el patio, y engullir maquinalmente el austero y nominal rancho dos veces al día, era todo nuestro programa diurno. Repasar celosos las costuras de nuestra asquerosa ropa interior, para matar implacablemente los piojos aposentados en ellas, y dormir luego lo más profundamente posible, para tal vez soñar con un mundo virtual que compensase lo deprimente del real».

El que enfermaba, o al que le hacían enfermar, no tenía médico ni medicinas. «Moría como podía», detalló Fernández. Y antes que morir, decidieron escapar. «Tras la fuga, iba con un grupo de unos veinte compañeros; a los dos días quedábamos tres, y más tarde quedé yo solo», recordó. Y del instante más duro, metido en el río mientras los perros ladraban: «‘Ese cabrón se ha metido aquí y aquí le hemos de encontrar’, decía un cura con fusil».

Ana Fernández amplió después la memoria a todos los republicanos que en 1939 cruzaron la frontera y fueron recibidos, dijo, «como indeseables, recluidos en campos de concentración». De allí, señaló, miles salieron hacia compañías de trabajo obligatorio en Alemania, a las minas de carbón francesas -como su padre- o hacia las Américas. Un exilio que, subrayó, «duraría hasta la muerte de Franco», y un trauma, el de su padre, que perduraría en ella y en las hijas e hijos de los presos republicanos. «No lo olvidamos, sin memoria no se hace camino», sentenció Fernández.

AQUÍ HUBO UN PENAL

Antes de sus palabras, Fernando Martínez declaró que «hay que recordar para no olvidar, pero es necesario que se conozca qué es lo que pasó y es necesario especialmente para la gente joven, que es la que posiblemente esté más desinformada, conozca que aquí hubo un penal, conozca que aquí hubo una dura represión del franquismo».

La consejera Ana Ollo, por su parte, recordó que las personas recluidas en el penal «fueron militantes, fueron personas comprometidas con las ideas de libertad de democracia y de justicia social, y fueron recluidas, reprimidas, represaliadas y asesinadas por esa ideas, unas ideas que en este agitado inicio del siglo XXI, en que el negacionismo y la involución autoritaria son una amenaza clara, son necesarias reivindicar».

Ambos descubrieron la placa ante una amplia representación institucional de la que formaban parte alcaldes y alcaldesas de los municipios colindantes, entre ellos el primer edil de Iruñea, Joseba Asiron, así como representantes de asociaciones memorialistas.

GESTIÓN COMPARTIDA

El acto en el fuerte estuvo precedido por la constitución, en el Palacio de Nafarroa, de la Comisión de Seguimiento prevista en el protocolo firmado entre el Estado y Nafarroa.

Copresidida por los mencionados Martínez y Ollo, con representantes de los ministerios de Política Territorial y Memoria Democrática, y de Defensa así como del Gobierno navarro, coordinará el diagnóstico de conservación del inmueble, el régimen de visitas y el proyecto memorialista que prepara el Instituto Navarro de la Memoria.

Al concluir el acto, representantes de la Agrupación de 33 Asociaciones memorialistas de Nafarroa por el derribo de los Caídos entregaron al secretario de Estado una carta abierta en la que afirman que en Iruñea hay un monumento «execrable y aborrecible», construido «en plena dictadura para homenajear de forma explícita a los 4.500 combatientes sublevados que murieron en la cruzada».

Pidieron, por ello, a la Secretaría de Memoria que declare el Monumento a los Caídos como «un elemento contrario a la Memoria democrática» y ordene al Ayuntamiento de Iruñea su retirada.