La Corte Penal Internacional confirma que es competente para juzgar a Duterte

Tras ocho años de investigaciones, la Corte Penal Internacional (CPI) se declaró ayer competente para juzgar al expresidente filipino Rodrigo Duterte. Los magistrados avalaron por mayoría la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I, que en octubre pasado concluyó que la CPI puede investigar los presuntos crímenes cometidos en Filipinas durante la «guerra contra las drogas», entre 2011 y 2019, periodo en el que el país aún formaba parte del Tribunal.

Filipinas se retiró del Estatuto de Roma y del tratado fundacional de la CPI en 2019. Pero la CPI mantiene la jurisdicción sobre los presuntos crímenes cometidos en el país antes de su salida.

EVITAR LA IMPUNIDAD

La Sala subrayó que los artículos obre la jurisdicción deben interpretarse junto con el artículo que regula la retirada de los Estados, y defendió una lectura «sistemática» del tratado acorde a su objetivo principal: evitar la impunidad. Por eso, consideró que permitir a un Estado eludir su responsabilidad retirándose del Estatuto una vez iniciada la investigación sería incompatible con el fin del tratado, pero que la Corte tampoco puede ejercer jurisdicción de forma indefinida tras la salida de un país.

En junio de 2021, la Fiscalía de la CPI pidió autorización judicial para investigar supuestos crímenes contra la humanidad cometidos durante la Presidencia de Duterte y cifró entre 12.000 y 30.000 los civiles ejecutados extrajudicialmente entre julio de 2016 y marzo de 2019.

El 11 de marzo de 2025, Duterte fue detenido en Manila por orden del Tribunal de La Haya y trasladado a la prisión de la CPI en La Haya. En septiembre fue acusado de tres cargos de crímenes de lesa humanidad, por estar involucrado en el «asesinato» de 76 personas en su «guerra contra las drogas».

Es el segundo jefe de Estado procesado por la CPI, tras el expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo, absuelto tras 10 años en prisión.