Administrar el error

Debo reconocer que, con la edad, hay asuntos que me siguen obsesionando. Hoy tienen que ver con la inmensidad y con su contrario, lo invisible de lo diminuto. Del Big Bang a la física cuántica y, de ahí, a la filosofía. No es una huida. La coyuntura me balancea entre el desasosiego y el cabreo. Basta bajar a la actualidad para encontrar una humanidad más desigual, atravesada de tragedias.

Una de las enseñanzas más fecundas de la ciencia es también una de las más relevantes. Casi todo lo que sabemos se ha construido sobre una acumulación de errores y unos cuantos aciertos. La ciencia avanzó porque aprendió a no considerar el error una deshonra, sino una información. Su gran conquista no fue eliminarlo, sino administrarlo, formular hipótesis, contrastarlas y rectificar cuando la realidad las desmentía. La política parece haber elegido el camino contrario. Reconocer una equivocación se interpreta como derrota y corregir el rumbo, como debilidad. Por eso gobiernos, instituciones y partidos rara vez revisan sus decisiones. Prefieren cambiar el relato, desplazar la responsabilidad o perseverar hasta que rectificar parezca más costoso.

La prohibición de las cenas solidarias en Donostia ofrece un ejemplo cercano. Durante seis años, un grupo de voluntarios ha dado de cenar a centenares de personas. De pronto, el Ayuntamiento decide que esa actividad debe desaparecer de la calle y la relaciona con problemas de seguridad y convivencia. El método racional exigía estudiar esos problemas, contrastar sus causas, ensayar alternativas y garantizar antes una respuesta suficiente. Se ha hecho al revés. Primero se prohíbe y después se pretende que la prohibición confirme el diagnóstico. El hambre no desaparece porque se retire de una plaza. Solo desaparece de la vista.

Los grandes incendios que recorren Europa muestran otra forma de fracaso y el error que se repite se convierte en costumbre. Cada verano hablamos de temperaturas extremas, sequía, abandono rural, falta de prevención y medios insuficientes. En otoño llegan las promesas y en invierno el asunto se disuelve. Cuando regresa el fuego, se presenta como una catástrofe excepcional, aunque sus condiciones sean conocidas. Una sociedad que no convierte la experiencia en prevención no carece de conocimiento, sino de voluntad para utilizarlo.

Zaldibar ofrece un ejemplo cercano y doloroso. El derrumbe del vertedero en 2020 causó la muerte de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán y reveló graves fallos de control. Cabría esperar que una tragedia semejante hubiera impuesto una vigilancia ejemplar. Sin embargo, una inspección de 2025 detectó 29 desviaciones: falta de mantenimiento, deterioro de drenajes, emisiones de gases y riesgo de vertidos incontrolados. En marzo de 2026 aún no se había abierto expediente sancionador. La catástrofe se convirtió en recuerdo antes que en aprendizaje. Administrar el error habría significado transformar dos muertes y una montaña derrumbada en controles permanentes. Cuando ni siquiera el desastre modifica los hábitos, el error deja de ser accidente y se convierte en sistema.

La agresión de Estados Unidos contra Irán ofrece la forma más peligrosa de esta enfermedad: la huida hacia adelante. Donald Trump ha mantenido la ofensiva y la amenaza de reanudarla, aunque ahora anuncie otra pausa. Los objetivos han cambiado, el conflicto se ha prolongado y el memorando firmado en junio quedó en papel mojado. El esfuerzo militar consume municiones difíciles de reponer. Hasta una superpotencia puede disparar más deprisa de lo que fabrica. La lógica nos dice que debería reconsiderar su estrategia. Sin embargo, cuanto mayor es la inversión en vidas, dinero y prestigio, más difícil resulta admitir que el camino elegido no conduce al resultado prometido. El fracaso parcial se convierte en argumento para continuar: no podemos detenernos, se dice, porque todo lo anterior habría sido inútil.

Los cuatro casos son diferentes. Una decisión municipal no equivale a una guerra, ni un incendio a una catástrofe industrial. Pero comparten un mecanismo. Ante las señales de que algo no funciona, el poder actúa sobre las consecuencias sin revisar las causas. Retira a quienes pasan hambre del espacio público, apaga el fuego cuando el monte ya arde, deja que las advertencias de un vertedero vuelvan a perderse en expedientes y ordena nuevos ataques cuando los anteriores no han ofrecido los resultados que esperaba Washington.

Quizá eso que llamamos democracia debería medirse de otra manera. No por la ausencia de errores, sino por su capacidad para detectarlos y corregirlos. ¿Cuánto tarda una institución en reconocer que se equivocó? ¿Quién puede advertírselo? ¿Qué precio paga quien contradice el relato oficial? La oposición, la prensa, los tribunales y la protesta social no deberían ser estorbos. Permiten supuestamente detectar los fallos antes de que sean irreparables. El problema empieza cuando también ellos fabrican certezas para su propio público.

La ciencia maduró cuando renunció a presentarse como una colección de verdades definitivas. Einstein, uno de los fundadores de la física cuántica y uno de sus críticos más persistentes, nunca aceptó que el azar fuera la última explicación de la realidad. Sin embargo, sus objeciones ayudaron a formular preguntas y experimentos que fortalecieron la teoría que rechazaba. En la ciencia, hasta una resistencia equivocada puede producir conocimiento si se somete a los hechos. La política, en cambio, parece regresar a una cultura de certezas obligatorias, dirigentes infalibles y decisiones que deben defenderse incluso después de fracasar. Y no es que cometamos demasiados errores. Siempre los hemos cometido. El problema es haber construido un sistema en el que reconocerlos resulta más peligroso que mantenerlos. Quien convierte la rectificación en una humillación acaba condenado a persistir en el fracaso. Administrar el error no es gobernar con indecisión. Es admitir que la realidad conserva el derecho a contradecirnos.