Es hora de blindar el derecho a la protesta

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) volvió a tirar el jueves de la oreja al Estado español, en esta ocasión por la sentencia que condenó a tres años de prisión a cuatro manifestantes que trataron de parar la actividad del Parlament de Catalunya en 2011, en el marco del 15M. Los acusados fueron absueltos en primera instancia tras quedar probado que no participaron en agresión ni incidente violento alguno. Protestaron pacíficamente. Pero eso no fue un problema para el Tribunal Supremo, que se sacó de la chistera el concepto de «violencia ambiental» para condenarlos por un delito contra las instituciones del Estado.

Según la sentencia redactada por el juez Manuel Marchena, pese a protestar pacíficamente, los manifestantes alimentaron un «clima coactivo» y una «atmósfera intimidatoria», un truco que sirvió al tribunal para hablar de violencia donde no la había, algo que volvió a hacer en 2019 para condenar por sedición a los líderes independentistas catalanes.

Está por ver si Estrasburgo mantiene esta línea cuando le toque decidir sobre el caso catalán, pero, de momento, le ha dicho alto y claro al juez estrella de la derecha española que a una persona que protesta pacíficamente no se le pueden imputar los hechos violentos de otra persona. Es más, advierte del efecto desmovilizador de la sentencia, ya que condiciona el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión, entre otros. Lo intimidatorio no es protestar pacíficamente, es condenar a tres personas a tres años de cárcel por movilizarse.

La decisión de Estrasburgo es importante porque enmienda la interpretación fabuladora, autoritaria y restrictiva de la ley que viene aplicando el Supremo frente a todo tipo de disidencias. Blindar el derecho a la protesta y la libertad de expresión resulta crucial en un contexto global de recorte de derechos y no se puede restringir a la vertiente judicial. Legislativamente hay mucho por hacer también. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene desde hace años encima de la mesa la derogación de la ley mordaza, que el PP aprobó en solitario. La legislatura no debería acabar sin cumplir con este compromiso con sus votantes y con los socios que le sostienen.