Izko: «Fue una decisión política» Bermúdez: «A mí nadie me llamó»

En marzo, la fotografía conjunta de Amaia Izko y Javier Gómez Bermúdez suscitó mucho morbo pero ayer, tras la decisión de Estrasburgo, creció aún más. Las tornas han cambiado notablemente desde aquella tarde, en el Colegio de Abogados de Bizkaia, en la que el juez parecía más seguro que la abogada. Ayer fue esta la que llevó la voz cantante, y el exresponsable del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quien debió darle la razón más de una vez... y echar balones fuera.

Pese a seguir sosteniendo que la doctrina «era justa» y que la sentencia de Estrasburgo le resulta cuestionable, en lo más relevante Bermúdez no quiso dejar resquicio a la duda. Hasta ahora han predominado verbos como «tumbar» o «anular», pero el juez escogió otro aún más sonoro: «El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha destrozado la `doctrina Parot', y es indiscutible que esa sentencia debe ser aplicada inmediatamente». Tras la hora y media de debate insistió: «No sé quién se ha inventado esa tontería de que las sentencias de Estrasburgo no son aplicables...».

Coincidiendo pues en el desenlace, las discrepancias entre los dos invitados por el Colegio de Abogados de Gipuzkoa se situaron en el origen de la doctrina y en el papel jugado por políticos y jueces. Izko considera evidente que en 2006 los tribunales españoles se limitaron a «dar maquillaje jurídico a una decisión absolutamente política de alargar las condenas de forma artificial». Una «Ley del Talión del siglo XXI» con un elemento de gravedad añadido: ni siquiera tras julio de 2012, con el primer fallo europeo a favor de Inés del Río, se corrigió. «Han mantenido la doctrina con premeditación y constancia absoluta, y eso ha sido posible porque el entramado judicial español es absolutamente permeable a los poderes políticos».

Bermúdez se revolvió incómodo, aunque tiene tablas suficientes para torear en cualquier plaza. Constituye una pieza destacada en toda esta historia, ya que desde 2003 ejerció de juez central de Vigilancia Penitenciaria y después lideró la Sala lo Penal de la AN hasta 2012. Retrotrayéndose a 2006, replicó a Izko que «no es verdad que la doctrina fuera una decisión política. A mí no se atrevió a llamarme ningún político, aunque otra cosa es que se oigan las campanas de los políticos...».

Defendiendo a la AN

Mirando a la actualidad, el juez reivindicó que con el acatamiento y cumplimiento del fallo europeo del 21 de octubre «la Audiencia Nacional ha actuado impecablemente, por mucho que se le eche a los leones». Y, poniendo pose de buen perdedor, se quejó de la mayor: «Amaia, no puede decirse que la AN esté siempre prevaricando, hay que ser ecuánime. Ahí están las sentencias absolutorias de Udalbiltza o de `Egunkaria', que incluso cita las torturas. El maniqueísmo nos conduce a situaciones absurdas». Incluso se postuló como ejemplo de independencia ante los poderes políticos: «Mira, hay tanto impulso político en mis decisiones que he pasado de ser juez de extrema derecha a extrema izquierda», ironizó.

«¿Ley del Talión? -protestó también Bermúdez-. Establecer una pena única de 30 años de máximo en ningún caso puede ser Ley del Talión; si acaso, todo lo contrario. Lo que ocurre más bien es que el Estado -que es todopoderoso, no olvidemos esto- no quiere que sus ciudadanos mueran en prisión». Puesto a conceder, Bermúdez, uno de los defensores más acérrimos de la doctrina hasta el último segundo previo al dictamen de Estrasburgo, incluso se alineó con la opinión de Izko contra la cadena perpetua revisable de Alberto Ruiz Gallardón. Ver para creer.