2014 OTS. 11 UPN, PSN y PP niegan solidaridad a los Bellon y defienden la dispersión UPN, PSN y PP volvieron ayer a demostrar la cara más amarga del inmovilismo y rechazaron en el Parlamento navarro una propuesta de declaración institucional presentada por Bildu, Aralar-NaBai e I-E, en la que se manifestaba solidaridad con los allegados de Arkaitz Bellon y reclamaban al fin de la dispersión. Respondieron votando a favor de otra declaración para pedir a ETA que se desarme y se disuelva. Martxelo DÍAZ UPN, PSN y PP unieron ayer sus votos en la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento navarro para rechazar una propuesta de declaración institucional presentada por Bildu, Aralar-NaBai e I-E en la que se manifestaba solidaridad con los allegados de Arkaitz Bellon, fallecido en una celda de Puerto I, y se mostraba la voluntad de que el Gobierno español ponga fin a la dispersión y a la actual política penitenciaria. Geroa Bai mostró su apoyo a esta declaración. Estos tres grupos, junto a I-E, votaron a favor de otra declaración institucional, presentada por el PP y que reclama a ETA que entregue las armas y se disuelva de manera inmediata e incondicional. Fue aprobada con los votos en contra de Bildu y Aralar-NaBai. Asimismo, UPN, PSN y PP rechazaron otra declaración contra los juicios políticos, que recibió el apoyo de Bildu, Aralar-NaBai e I-E. El portavoz de UPN, Carlos García Adanero, señaló que si Bellon estaba encarcelado era «porque fue juzgado en su momento por cometer una serie de delitos» y rechazó que el Parlamento se posicionara contra los juicios políticos, «porque los tribunales tienen que hacer su trabajo». Juan José Lizarbe, portavoz del PSN, destacó, paradójicamente, que el Gobierno español «tiene que avanzar y replantearse la política de dispersión», pero justificó su rechazo a la declaración contra esta práctica señalando que «el PSOE no va a ser una voz discordante» con el Ejecutivo del PP en esta cuestión. Además, añadió que votaron a favor de la declaración presentada por el PP, a pesar de que la calificó de «reiterada», porque «pensamos que ETA tiene que disolverse y entregar las armas. Nos gustaría que se diese más prisa». Enrique Martín (PP) calificó de «injerencia a procesos judiciales» las declaraciones sobre Bellon y la dispersión y los juicios políticos. «Mientras exista la banda terrorista no cabe plantearse la posibilidad de una modificación de la política penitenciaria», sentenció. Bakartxo Ruiz, portavoz de Bildu, denunció que Bellon «ha padecido las consecuencias de una política penitenciaria cruel», de la que reclamó su fin por «inadmisible». «La aportación del PP ha vuelto a ser la de siempre, traer una declaración exigiendo pasos a la única parte que está dando pasos», añadió. Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai), por su parte, destacó que la terminología utilizada por el PP en su declaración es «de carácter belicista y cerrado». También pidió que «se archiven y se revisen todos los juicios políticos en los que se juzga a personas por actividades estrictamente políticas». José Miguel Nuin (I-E) reclamó el fin de la dispersión porque «recoge para los presos de ETA medidas de excepción». «En términos de derechos civiles y humanos no se justificaba nunca en ningún caso pero ahora ya en términos políticos tampoco tiene ningún elemento que la avale», añadió, antes de pedir a ETA que se disuelva. En defensa de los derechos de los presos vascos, ayer se registraron movilizaciones en Gernika (27), Bermeo (20), Iurreta (32), Trintxerpe (13), Euba (9), Astrabudua (15), Zaldibia (10), Ataun (22), Iruñea (63), Astigarraga (14), Altsasu (40), Laudio (44), Otxarkoaga (18), Sopela (17) y Altza (19). Amaiur quiere saber si Madrid ha investigado la muerte de un preso vizcaino en Burgos Amaiur ha registrado una batería de preguntas al Gobierno español sobre la muerte de un preso social vizcaino en la cárcel de Burgos, donde fue hallado ahorcado el pasado 12 de enero. En concreto, el diputado Rafa Larreina quiere saber si Madrid ha puesto en marcha una investigación para esclarecer el óbito del joven, y, de ser así, si cuenta con resultados que arrojen luz sobre este «trágico suceso». En un texto dirigido a la Mesa del Congreso, Larreina también pregunta por qué no se notificó este «luctuoso hecho». Además, recordó que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no dio parte de lo ocurrido, «perpetuándose una política de ocultamiento de muertes no naturales en las cárceles, especialmente de personas jóvenes de las que no se facilita ningún tipo de información pública». «Hay que recordar que los jóvenes están internados en instituciones públicas con la que mantienen una relación de sujeción especial y cuyo derecho a la salud y a la vida depende única y exclusivamente de las mismas. Por tanto, la Administración del Estado tiene la obligación de garantizar, entre otros, el derecho a la vida de estas personas», destacó el diputado, que ha registrado una solicitud de datos, informes y documentos para conocer cuántos fallecimientos se han producido en los centros penitenciarios estatales durante los últimos tres años. Además, Larreina, que remarca la responsabilidad del Ministerio del Interior, espera que en su respuesta el Ejecutivo de Mariano Rajoy aclare cuáles han sido las causas de dichos fallecimientos. «Esta situación es inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podían evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la legalidad vigente», sentenció el diputado de Amaiur. Ion SALGADO