2014 UZT. 26 El Gobierno español impugnará ante el TC la ley navarra contra el fracking El Gobierno español ha decidido impugnar una nueva ley aprobada por el Parlamento navarro, en este caso la que prohíbe el uso del fracking en el herrialde. Del mismo modo que en el caso de las leyes de Cantabria y La Rioja -ayer mismo-, el Ejecutivo del PP pretende que el Tribunal Constitucional anule la normativa legal que impide utilizar la fracturación hidráulica para la obtención de gas no convencional, una técnica con graves peligros medioambientales. GARA El Consejo de Ministros del Gobierno español acordó ayer impugnar ante el Tribunal Constitucional la Ley Foral 30/2013, por la que se prohíbe en Nafarroa el uso de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. El artículo 1 de la citada ley prohíbe de forma absoluta en territorio navarro la exploración y explotación de los hidrocarburos no convencionales en el supuesto de que haya de utilizarse el fracking. El Ejecutivo del PP argumenta que la ley navarra vulnera la normativa básica del Estado, y apunta que la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1998, en su artículo 3.2, relativo a competencias de las autoridades reguladoras, prevé que corresponde a la Administración General del Estado esta competencia. Según el Gabinete de Rajoy, la ley foral constituye una invasión de las competencias estatales y sostiene, a este respecto, que el carácter «transversal» de las competencias sobre medio ambiente «de ningún modo faculta a la comunidad autónoma para vaciar al Estado sus competencias para el otorgamiento de títulos habilitantes para la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos». El Gobierno español también recuerda la sentencia del propio Constitucional en la que se anuló la prohibición de Cantabria al fracking y, precisamente, ese mismo tribunal acordó ayer la inconstitucionalidad de otra ley aprobada en contra de la fractura hidráulica, en este caso la de La Rioja. El PPN anunció recurso La ley contra el fracking fue probada el 10 de octubre de 2013 por el Parlamento de Iruñea con los votos de PSN, Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai, y el rechazo de UPN y PP, pero ya entonces desde este último partido advertían de que la norma legal iba a tener «poco recorrido». Así se expresó la portavoz del PP en la Cámara navarra, Ana Beltrán, quien confirmaba que la ley iba a ser recurrida. En aquella sesión, el parlamentario de Bildu Víctor Rubio acusó a Yolanda Barcina, que aprobó pocos días antes una moción a favor del fracking en el Comité Europeo de las Regiones, de ser «más del PP que los del PP» y de acudir «a la puerta de Carmen Alba», la delegada del Gobierno español, para tumbar las leyes que aprueba el Parlamento navarro. En parecidos términos, Txentxo Jiménez, de Aralar-NaBai, alertó de los oscuros intereses que tiene la derecha en el tema de fracking. La fractura hidráulica o fracking es una técnica de obtención de gas no convencional muy polémica por sus graves afecciones en el subsuelo, especialmente en acuíferos, pues entre los elementos utilizados para fracturar la roca y hacer que salga el gas hay productos químicos de gran toxicidad. Por eso, ha sido prohibida en varios países y en estados de EEUU. Recurrir al TC ha empezado a convertirse en una tradición La impugnación de la Ley navarra contra el fracking constituye el enésimo ataque por parte del Gobierno español a la capacidad normativa de las instituciones vascas. De hecho, puede decirse que recurrir al Tribunal Constitucional leyes aprobadas en Gasteiz o en Iruñea empieza a hacerse habitual en Madrid. Como botón de muestra, lo ocurrido hace apenas tres semanas, cuando en apenas 72 horas el Tribunal Constitucional tumbó tres resoluciones de carácter fiscal y económico adoptadas por ambos parlamentos. El 30 de junio declaró inconstitucional la ley que regula las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) de la CAV, con el objetivo de equipararla a la del Estado e impedir que se pueda recuperar ese dinero antes de la jubilación. Poco después, declaró la nulidad de la ley navarra que autorizaba la apertura de un nuevo proceso de funcionarización, aprobada a pesar de la oposición de UPN y PP. Y el 2 de julio hacía otro tanto con la Ley Foral de Energía Eléctrica, que había sido aprobada por unanimidad en diciembre de 2012 y que grava la producción de energía eléctrica. Se da la circunstancia de que en el caso de las leyes navarras buena parte de esos recursos han contado con la aquiescencia cuando no directamente el impulso del propio Ejecutivo de Yolanda Barcina. GARA GASTEIZ. El mismo día que en Iruñea aprobaban la ley contra el fracking, en el Parlamento de Gasteiz, excluyeron la prohibición de esa técnica en espacios naturales con los votos de PNV, PSE, PP y UPyD, y el rechazo de EH Bildu, dejando sin efecto la proposición de ley remitida por las Juntas Generales de Araba.