Razones puramente económicas van a impedir que el próximo día 21 se celebren las elecciones rojillas. El riesgo de que, dada la situación financiera del club, los avales que están obligados a presentar los candidatos -se había cifrado en unos 1,1 millones por lista- se pueden ejecutar de manera inmediata ha echado para atrás a aquellos que se postulaban a ocupar el sillón presidencial rojillo.

El último en hacerlo fue Manolo Ganuza. El que fuese directivo de la junta de Miguel Archanco confirmaba a GARA, mediada la tarde de ayer, y tras reunirse con el resto de miembros de su candidatura, que renunciaba a presentarse a los comicios por tal motivo. Ganuza reconoció que los dos informes jurídicos que había solicitado le advertían del «serio peligro» de ejecución de los avales, «incluso sin darse una situación de concurso de acreedores».

La junta gestora se encuentra ahora en la obligación de iniciar una segunda convocatoria de elecciones -se necesitará el 2% de las firmas de socios y no el 5% como en la primera- e incluso una tercera -sin necesidad de apoyos-, pero en todas ellas será obligatorio presentar el aval económico cifrado en algo más de un millón de euros.

Ante esta tesitura, solo parecen abrirse dos escenarios posibles de cara al incierto futuro de Osasuna. El primero es que el club plantee un concurso de acreedores, opción que no parece del gusto del Gobierno de Nafarroa, principal deudor ahora mismo, por el hecho de que se daría la obligación de tener que aplicar una cuantiosa quita a los 47 millones de euros que se han evaluado que la entidad rojilla debe a la Hacienda Foral en concepto de impuestos.

La otra alternativa es la dación en pago. Es decir, que Osasuna entregue al Ejecutivo foral todos los bienes inmobiliarios que posee -Tajonar y El Sadar, fundamentalmente- como única fórmula de pago para hacer frente a esa cuantiosa deuda. Aquí cabría la posibilidad de que el club recupere dicho patrimonio a largo plazo cuando satisfaga sus obligaciones. El problema para la institución foral es que, al convertirse en propietario provisional, tendría también que costear el mantenimiento de dichas infraestructuras.

Ocurra lo que ocurra, lo que parece claro es que la junta gestora va a tener que convocar una nueva junta extraordinaria de socios compromisarios para ver si prorroga su mandato, además de sentarse con el Gobierno de Nafarroa para entablar unas «duras negociaciones», en palabras de Luis Ibero, de cara a resolver de la mejor manera posible la actual situación. Caso de que finalmente se acepte la dación en pago, los avales económicos de los candidatos ya no deberían ejecutarse, con lo que habría elecciones.