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DÍAS CLAVES EN EL PROCESO SOBERANISTA CATALÁN

Urkullu cree que se busca una salida ante la «actitud ofuscada» de Madrid


El lehendakari, Iñigo Urkullu, reaccionó a través de las redes sociales a la decisión de Artur Mas, defendiendo que con su propuesta pretende buscar una salida ante «la actitud ofuscada y cerrada» que mantiene el Gobierno español.

Urkullu introdujo un texto en su cuenta de Facebook en la que afirma que «mostramos nuestro absoluto respeto a las decisiones adoptadas por las instituciones catalanas. Artur Mas pretende celebrar la consulta que inicialmente estaba prevista para el 9 de noviembre en el marco de la legalidad y con plenas garantías. Una decisión que busca dar salida una aspiración social y democrática masiva, y que no pone fin al conflicto con los poderes del Estado, que mantienen una actitud cerrada y ofuscada y deberían de dar soluciones políticas a problemas políticos».

Sus palabras coincidían básicamente con las que poco antes había expresado el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, en la habitual rueda de prensa que sigue a las reuniones del Consejo de Gobierno.

La reacción inicial de las fuerzas abertzales estuvo más centrada en la crítica al Ejecutivo español que en la valoración propia de los pasos que se dan en Catalunya. El diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo, por ejemplo, denunció el «carácter antidemocrático»del Estado español, entre otras razones por impedir a los catalanes decidir su futuro.

En rueda de prensa ofrecida en el Congreso, Errekondo aseguró que «aunque el pueblo de Catalunya padece ese carácter antidemocrático del Estado español, la ciudadanía catalana ejercerá más pronto que tarde su derecho a decidir su futuro, por encima de cualquier dificultad que se interponga».

Además, Amaiur acusó al Gobierno de Rajoy de «ofender» a los catalanes, que son «un pueblo maduro» que «no necesita la tutela de ningún gobierno» y menos de uno que «es incapaz de gobernar y gestionar su propio país».

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, advirtió de que impedir que el pueblo catalán se manifieste en las urnas no soluciona el problema, que ahora ve más «enraizado», y abogó por «amoldar la ley» para que la expresión democrática «quede a la vista». A su entender, la Generalitat ha presentado una solución «imaginativa» a la suspensión del Tribunal Constitucional.