Tras dos años de reuniones en los que, a través del estudio de documentación y los testimonios de implicados se ha tratado de determinar si hubo irregularidades en las diferentes modificaciones del planeamiento urbanístico en el área de Benta- koerreka para la instalación de una planta de logística, el PNV impuso su versión gracias al voto de calidad de la presidenta. En la votación de las conclusiones se produjo un empate entre la lectura jeltzale y la de EH Bildu, al apoyar a los primeros el PP y a los soberanistas EB; el PSE se abstuvo en ambas.

El PNV defiende que a esa comisión informativa no le compete «juzgar hechos pasados que tenían como fin el desarrollo y mejora del sector industrial de Arrigorriaga, sino informar sobre los hechos y la cronología de los mismos». Aducen los jeltzales que de los testimonios se confirma lo reflejado en el expediente municipal, algo en lo que disiente radicalmente EH Bildu.

La coalición acusa al PNV de articular una argumentación del proceso que «es falsa», partiendo de que se ocultase la oposición de la mitad de la Corporación -HB, EA y EE- a la operación urbanística sobre 240.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable que pasó a ser industrial. EH Bildu no pasa por alto que ha sido su trabajo de fiscalización y el de los técnicos el que ha dejado al descubierto aspectos del expediente que estaban ocultos, o testimonios ofrecidos por algunos de los comparecientes que eran erróneos.

Nulidad judicial y deudas

En su cronología, EH Bildu aporta los distintos entresijos de una operación que comenzó en febrero de 1990, con una sucesión de irregularidades que no frenaron al Gobierno municipal en sus planes. Al no cumplir el Consistorio obligaciones contraídas, la empresa con la que había pactado un convenio urbanístico le denunció y el TSJPV falló contra el Ayuntamiento, no acometiendo la tasación de terrenos y locales afectados como hizo la otra parte.

Por ello, las arcas municipales se encontraron en 2007 con una deuda superior a los 5,5 millones de euros, que alcanzó finalmente los 6,7 millones. Las tierras actualmente se encuentran en desuso. En 2008, el Ayuntamiento realizó un segundo intento de modificar las Normas Subsidiarias, suscribiendo un convenio con Eroski, que fracasó de nuevo por otra sentencia de nulidad del TSJPV en junio de 2011. En esa modificación puntual de las NNSS el entonces edil del PNV Asier Albizua, actual alcalde, votó a favor «cuando -apunta la coalición- se debería haber abstenido por ser trabajador de la cooperativa», empresa que quería desarrollar su proyecto de planta logística mediante la modificación urbanística anulada por el TSJPV.