«El Estado no es quien tiene que pedir perdón, sino Felipe González»

Una de las pocas cuestiones en la que los tres ponentes (el exdirector de «El Mundo» Pedro J, Ramírez, el senador de Amaiur Iñaki Goioaga y la exjuez Manuela Carmena, que participa en la comisión del parlamento de Gasteiz sobre víctimas de abusos policiales entre 1960 y 1978) era en la responsabilidad del Estado español en la creación de los GAL y la guerra sucia contra Euskal Herria. A partir de ahí, diferentes interpretaciones, en parte mediatizadas por los «momentos» y las «perspectivas (vasca y española)» que mencionó Goioaga. También, cuestiones de mayor calado: normalización política, el papel de las víctimas de las distintas violencias, el reconocimiento del dolor y, como reiteró el senador abertzale, «la garantía de que no vuelva a repetirse». Un debate presente en la sociedad vasca pero que en la capital del Estado español se vive de otra manera. Una certeza pudo comprobarse con las intervenciones, muchas de ellas más preocupadas en insistir en el relato de «vencedores y vencidos» y el «mal intrínseco» de ETA que en ahondar sobre otras consideraciones. Quizás quién lo mejor lo definió fue uno de los presentes, que tras definirse como «demócrata» expresó el sentir de «mucha gente» sobre la guerra sucia argumentando que «la sensación era que estaba mal porque habían hecho una chapuza». Tampoco recibió apoyos.

Sobre la historia, pocos detalles nuevos. «Se sabían mucho antes de que lo publicase «Diario 16». En Euskal Herria ya se podían ver las pintadas de PSOE=GAL», indicó Goioaga. En la misma línea, Ramírez admitía que la implicación del Gobierno en el grupo parapolicial era conocida para «quien quisiese saber». Aunque la guerra sucia no se limitó a los GAL. Venía de mucho antes, tal y como recordó Carmena. «Había una política del Estado de ejecución inmediata. Se les mataba a bocajarro», aseguró, negando la visión idílica sobre la búsqueda de la verdad entre periodistas y jueces y recordando que el Estado terminó tapándose y que existió mucha complicidad.

La confesión de la X

La profundidad llegó a la hora de hacer balance. «Gran parte de crímenes de ETA han quedado impunes. Buena parte del 11M seguimos sin saberlo. Con los GAL ha ocurrido lo mismo», argumentaba Ramírez, tratando de incluir su hilo argumental sobre la conspiración en el mayor atentado ocurrido en el Estado español. En su opinión, no es el Estado quien debería pedir perdón a las víctimas de la guerra sucia sino Felipe González. «No le deseo que vaya a prisión, pero siempre estará en la cárcel de papel», afirmó.

Previamente había destacado que fue el propio expresidente del Gobierno español, cuando ocupaba la Moncloa, quien «reconoció» su responsabilidad en los GAL. Según la versión del periodista, que no perdió oportunidad para evidenciar su animadversión por González, este le dijo en una ocasión que «lo único que tenemos que negociar, es que si nos dejan de matar, nosotros les dejaremos de matar a ellos» «El señor X de los GAL había confesado», afirmó. No obstante, en referencia al conflicto, se aferró a la verdad judicial, esto es, las condenas, como prioridad. «La reconciliación es relativamente secundario», consideró, tratando de exculpar al Estado al considerar que «tan parte de él» eran los jueces que investigaron. Unas pesquisas que, según se reconoció, no han tratado igual a las diferentes víctimas.

Más pedagógico, Goioaga insistió en el «reconocimiento». Recordó que las víctimas de la violencia de Estado ni siquiera son reconocidas y que, incluso cuando quieren recordar a sus seres queridos, son perseguidas por la Guardia Civil, rememorando la redada contra el bosque de Aritxulegi. «La judicialización me resulta ineficaz porque jamás un Estado se va a juzgar a sí mismo. No voy a saber qué ha ocurrido. Es la sociedad donde está la superación y las garantías de no repetición», afirmó, reiterando que ahí está la «grandeza» de las víctimas. Como ejemplo recordó que si se revisasen los sumarios de la Audiencia Nacional muchos deberían resultar exculpatorios, debido a que se basan exclusivamente en testimonios obtenidos bajo tortura.

En la misma línea insistió Carmena, quien consideró el maltrato en comisaría, evidente en los sumarios como «otra forma de terrorismo de Estado», consideró que Madrid se encuentra en una fase previa a la del perdón. «El terrorismo de Estado no comenzó con los GAL. Es inasumible. No es que haya que pedir perdón, sino aceptar que es inadmisible», sentenció la magistrada tras lanzar un aviso: el nivel de tolerancia social hacia crímenes de Estado es cada vez mayor.