«Terrorista será quien cometa un delito terrorista»

«Terrorista será quien cometa un delito terrorista, pertenezca o no a una organización terrorista». Con este malabarismo dialéctico se lanzaba el diputado José Miguel Castillo, del PP, para definir la tipología penal incluida en el pacto suscrito hace una semana entre el presidente español, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Cabría preguntarse si se le puede dar la vuelta a la frase y plantear, como ocurre en muchas ocasiones en la Audiencia Nacional, que el delito es «terrorista» precisamente porque quien lo comete es un «terrorista». La teoría de la pescadilla que se muerde la cola ya está inventada. Sin embargo, el debate en este este caso no estaba en el tribunal excepcional, sino en el Congreso, donde se tomaba en consideración la Proposición de Ley Orgánica pactada entre Génova y Ferraz que, vestida con literatura «antiyihadista» modifica completamente el Código Penal en todo lo relacionado con el amplio concepto del «terrorismo».

La vaga definición que abre la vía a cualquier arbitrariedad penal fue defendida tanto por Castillo como por José Enrique Serrano, del PSOE. Ambos, de la mano, centraron su discurso en el islamismo y se aferraron al atentado contra «Charlie Hebdo», en París como argumento de fuerza. Desde que se presentó el acuerdo en Moncloa, el hecho de que el partido liderado por Sánchez diese el aval «de facto» a la cadena perpetua ha capitalizado el debate. Ayer, ambos intentaron sacar el elemento de la ecuación. «Se retiró para garantizar la unidad en el pacto», dijo Castillo, echando un capote a su colega. «Esa referencia (la de la «prisión permanente revisable») no se encuentra en la proposición de ley ni en ningún texto. El PSOE no la ampara», reiteró Serrano, escudándose en la trampa retórica del acuerdo que incluye la «máxima pena» como castigo. Es decir, la cadena perpetua desde el momento en el que el PP la apruebe en el Senado.

Como rémora de otras épocas, fue el representante de Ferraz quien blandió la sentencia lapidaria de la «unidad de los demócratas contra el terror». Y eso que reconoció que, a día de hoy, únicamente al 1% de los ciudadanos españoles les preocupa un asunto que durante lustros se impuso en lo más alto del CIS. Pese a ello, PP y PSOE han considerado que era necesario firmar un pacto de Estado en el que una larguísima lista de actos que van desde el desorden público hasta el «delito medioambiental» pueden ser considerados «terroristas» si buscan «subvertir el orden constitucional» o «alterar la paz pública». También se habla de «crear terror en la sociedad o una parte de ella». Un epígrafe que el diputado del PSOE no debió tomar muy en consideración cuando, en tono alarmante, cerraba su intervención afirmando que «nadie está a salvo».

Comparsas y réplicas

Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN ejercen de comparsas en este pacto. Además de sacar la cabeza, ayer cada uno se traía su propio tema. Ana Oramas (CC) se descolgó por la cercanía de las islas hacia África y por el supuesto carácter de punto de entrada de «yihadistas» de la frontera sur de Europa. Lo había visto en un reportaje, según afirmó. Enrique Álvarez Sostres (FA), más metafísico, se lanzó con la «defensa de los valores de nuestra civilización». Carlos Salvador, incombustible, centró su discurso en Euskal Herria. Habló de «quienes no han condenado el terrorismo durante 50 años» y de «quienes creen que un individuo condenado por graves delitos de terrorismo es un político preso», en referencia a Arnaldo Otegi, para terminar reivindicando la paternidad del epígrafe que veta a los condenados del ejercicio de la docencia.

La réplica llegó desde las formaciones aberzales, ERC, IU, BNG, Compromís e incluso, con matices, CiU. Xabier Mikel Errekondo recordó que la excepcionalidad ya se aplica en Euskal Herria, que son 40 años de pena íntegra y denunció que el pacto forma parte de la agenda para perseguir a la ciudadanía. Emilio Olabarria habló de «derecho penal del enemigo» y dio un tremendo repaso jurídico al articulado que ninguno de los portavoces de las dos formaciones mayoritarias españolas pudo escuchar al haberse ausentado. Uxue Barkos, por su parte, denunció que prime el «control de las libertades». El próximo jueves, con los números asegurados, sigue el trámite.