Las defensas destacan que CNI y torturas son la base del 13/13

La actuación del CNI es una cuestión nuclear del 13/13 que no ha podido verse en la sala, porque se han vulnerado derechos fundamentales, según las defensas, que pidieron la nulidad. Además, recordaron el papel de la tortura.

La intervención del CNI es una cuestión nuclear que no ha podido ser expuesta en la sala, destacaron ayer los letrados de la defensa en la exposición de sus conclusiones definitivas en el juicio por el sumario 13/13 que tiene lugar en la Audiencia Nacional española. De este modo, todas las pruebas o documentos obtenidas a partir de esta intervención no serían válidos en un procedimiento judicial, por lo que toda la causa debería quedar sin efecto.

En esta línea, Alfontso Zenon, letrado de Arantza Zulueta y Jon Enparantza, recordó que ya expusieron esta circunstancia en las cuestiones previas al comienzo del juicio, destacando que «la intervención del CNI vulnera derechos fundamentales como el de un proceso con garantías, la tutela judicial efectiva o la privacidad de las comunicaciones».

«No es cierto que la causa comience con una comisión rogatoria francesa, sino que se asienta en el informe ‘Halboka’, que se basa en la interceptación de comunicaciones del CNI», destacó Zenon. «Sin ese actuar no sería posible el informe o la atribución de los alias a los acusados ni, por tanto, el auto del juez para la entrada, registro de despachos y domicilios, y las detenciones». El actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue quien firmó ese auto cuando era juez instructor de la Audiencia Nacional.

El letrado subrayó que el CNI no solo intervino en actuaciones previas, sino también en las detenciones y en la apertura de documentos cifrados, como quedó acreditado en la vista con las declaraciones como testigos de agentes de la Guardia Civil. En este sentido, subrayó que el instituto armado trató de quitar relevancia a la actuación del CNI «porque saben que no es ajustada a derecho y corren el riesgo de echar por tierra toda la intervención».

Junto a ello, destacó que en un documento aportado por la defensa ya en 2010 aparece la distribución de dónde deberían ir en los coches los agentes que participaron en los registros de Bilbo y Hernani y en las posteriores detenciones, reservando un lugar para los del CNI.

Zenon recordó que el CNI está facultado para realizar actividades prejudiciales en defensa de la llamada «seguridad nacional», pero que no lo está para participar en un procedimiento penal al no tener cobertura legal para ello. «No puede investigar un hecho penal y lo ha hecho», concluyó.

También resaltó que sus representados ya fueron condenados por hechos análogos a los que ahora se les imputan y subrayó que no hay ningún elemento que les vincule a los alias que se les atribuyen para acusarles de ser integrantes de ETA.

La letrada de Naia Zuriarrain, Jone Goirizelaia, también destacó el papel del CNI en esta causa y subrayó, además, que en el caso de su representa no hay prueba alguna que le incrimine a excepción de la declaración que realizó en dependencias policiales, y recordó que denunció torturas a las que dos peritas dieron verosimilitud en la sala.

Esta declaración es la base por la que se vincula a los demás acusados con los alias que sirven para su imputación. La letrada destacó que su representada negó en sede judicial lo declarado ante la Guardia Civil y denunció el maltrato al que fue sometida.

Nuevo contexto social

La abogada se refirió a las palabras del fiscal en sus conclusiones definitivas sobre que ETA no ha desaparecido. «Sostener eso para pedir una pena es obviar la realidad. Y también es obviar la ley, que exige aplicar las normas en función de la situación social», señaló, antes de subrayar que este criterio ya se ha aplicado en la propia Audiencia Nacional.

«Estamos empezando a caminar, nos está costando crear una situación de convivencia distinta. Para ello, tenemos que aceptar cosas y la izquierda abertzale las está aceptando. Ayúdennos a avanzar con esta sentencia», añadió Goirizelaia.

«El informe ‘Halboka’ cuelga de las informaciones del CNI. Ha sido el CNI quien ha identificado a Julen Zelarain [que quedó fuera del procedimiento] como Ilazki y a Arantza Zulueta como Marxel. Esta es una tesis del CNI, no de la Guardia Civil», destacó Aiert Larrarte, abogado de Iker Sarriegi y de Zelarain.

Junto a ello, destacó que no hay pruebas que incriminen a Sarriegi y que no se encontró ningún documento en el registro del despacho de abogados de Hernani, en el que el letrado estuvo presente y que se realizó sin cumplir las mínimas garantías. Sostuvo que no cuadran las fechas de las imputaciones que se le realizan a Sarriegi.

El juicio se retomará hoy a las 10.00 con las conclusiones de los letrados de Saioa Agirre y Nerea Redondo. Posteriormente, se dará la última palabra a los acusados, tras lo que el juicio quedará visto para sentencia.