La Audiencia Nacional española ha rechazado intervenir jucidialmente Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y sustituir el actual equipo gestor por un administrador, como pedían UPyD y el 15M para evitar una posible «destrucción de pruebas».

El juez Fernando Andreu ha considerado «innecesaria» la salida de la actual administración de Bankia y BFA para evitar la continuación delictiva porque, a su parecer, es «totalmente distinta» a la que estaba al frente de la entidad cuando, supuestamente, se cometieron los hechos que se están investigando.

Además, el juez ha señalado que ambas entidades ya están intervenidas «de facto» por el Estado español, tras la entrada en su capital del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El auto subraya que la misión del juzgado es investigar los hechos denunciados y proteger, en la medida de lo posible, a los perjudicados, pero no «realizar actuaciones dirigidas al control de la situación financiera de Bankia» ni «generar confianza en los mercados», como han sugerido los querellantes.

Así, considera que la intervención judicial no es un instrumento «adecuado» para proteger a los posibles perjudicados (trabajadores y acreedores), ya que su objetivo no es ni evitar la destrucción de pruebas ni garantizar las responsabilidades civiles como se había alegado.

Respecto a la actual dirección, el juez apunta que «ninguna de las personas físicas querelladas» se encuentra actualmente en la gestión de las entidades y que no se ha aportado «indicio alguno» de que la actual dirección «pueda seguir cometiendo los hechos denunciados».