La ONU ha hecho responsables a las fuerzas del Gobierno sirio y la milicia progubernamental Shabiha de la matanza en la localidad de Hula, donde en mayo murieron un centenar de civiles, la mitad de ellos mujeres y niños.

Esta es la conclusión a la que ha llegado en su último informe la comisión independiente auspiciada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar las violaciones de los derechos fundamentales en Siria desde el inicio del conflicto hace 17 meses.

El informe de 102 páginas, que será presentado el 17 de setiembre ante el Consejo de Derechos Humanos, reitera que tanto el Gobierno y sus fuerzas leales, como los grupos armados de oposición, han cometido crímenes contra la humanidad.

«Las fuerzas gubernamentales y los miembros de la Shabiha han cometido crímenes contra la humanidad -matanzas y torturas-, crímenes de guerra y graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional, incluidos asesinatos fuera de la ley, ataques indiscriminados contra civiles y actos de violencia sexual», dice el documento de la comisión que preside Sergio Pinheiro.

Estas violaciones, según esta pesquisa, se cometieron en el marco de una política de Estado «con implicación de los más altos niveles de las fuerzas armadas y de seguridad, y del Gobierno» de Damasco.

También las fuerzas rebeldes son acusadas en el documento de «crímenes de guerra, incluidos asesinato, ejecuciones extrajudiciales y tortura», aunque la comisión indica que «estas violaciones y abusos no tuvieron la misma gravedad, frecuencia y escala» que los supuestamente cometidos por el Gobierno y la Shabiha.

Sobre la situación del conflicto armado, la comisión destaca que desde el mes de febrero la situación se ha deteriorado de manera significativa con nuevos focos de enfrentamientos, tácticas más agresivas y mayores medios militares en ambas partes.

La comisión vuelve a lamentar la falta de acceso a territorio sirio, admitiendo que socava su capacidad para llevar a cabo el mandato encargado por la ONU, y sigue basando su trabajo en entrevistas telefónicas con personas que están en distintos puntos de Siria, así como con refugiados y familiares de víctimas.

Crítica a las sanciones internacionales

El informe llama la atención sobre el deterioro de la situación socioeconómica y humanitaria -«lo deja a la mayoría de la población en un estado de abandono»- y critica las sanciones internacionales contra el Gobierno de Bashar Al-Assad, que considera «una negación de los derechos humanos más básicos del pueblo sirio».

Alerta asimismo sobre el impacto de «un conflicto armado no internacional» y denuncia que «la población civil de todas las comunidades soporta el peso, con miles de personas que han perdido la vida».

«La creciente militarización del conflicto es desastrosa para el pueblo sirio y podría provocar consecuencias trágicas para la región entera», añade la comisión, que vuelve a hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que muestre unidad de acción en la búsqueda de una salida negociada y política al conflicto.