Giza Eskubideen Behatokia se ha referido en un comunicado a la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno español contra la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que declaró irregular la aplicación de la sentencia 197/2006 que alarga las condenas en el caso de la presa Inés del Río, por lo que será estudiado por los 17 jueces que componen la Gran Sala.

Este observatorio precisa que el hecho de que la cuestión sea llevada a la Gran Sala, la máxima instancia, no supone que el TEDH «no comparta la sentencia contraria« a la denominada ‘doctrina Parot’, sino que considera el tema «de importancia excepcional y debe ser tratado de esta manera».

Behatokia considera «preocupante» que el Estado español utilice «un instrumento internacional de observancia de derechos humanos con el fin único de perseguir sus objetivos, en este caso el alargamiento hasta todos los extremos posibles de la condena de los presos políticos vascos, aun a pesar de que un examen por parte de la Gran Sala supone una noticia de impacto en los ámbitos jurídicos internacionales y será objeto de gran interés y seguimiento por esta comunidad».

Censura que Madrid «no duda en acudir a instrumentos de protección de derechos humanos persiguiendo justamente lo contrario, es decir, el alargamiento indebido de las condenas aprovechando el tiempo necesario en la instancia internacional para realizar un examen jurídico a conciencia».

Behatokia denuncia que el Gobierno español utilice «un medio de protección de derechos para un objetivo diamentralmente opuesto para lo que fue creado», y ha instado a las autoridades españolas a que dejen en libertad a los presos a los que afecta «esta nueva interpretación del cumplimiento de las penas», a la espera del pronunciamiento de la Gran Sala.

Herrira

Por su parte, Herrira considera «inquietante» que el Estado español «acuda a un Tribunal que vela por el respeto a los derechos humanos, cuando su demanda lo que busca es prolongar la vulneración de derechos humanos de decenas de presos que deberían estar en libertad desde hace años».

Por ello, ha defendido que «el recorrido judicial» de la ‘doctrina Parot’ debe «cerrarse cuanto antes, para no alargar más aún las condenas de estas personas».

Herrira se ha mostrado convencido de que el Tribunal de Estrasburgo ratificará la sentencia de julio y «certificará el principio del fin de esta medida de excepción».