Pese a que el polígono militar ha sido siempre cuestión de Estado, no han faltado navarros que han echado una mano a su presencia en las Bardenas. De hecho, no fue sino a un navarro a quien se le ocurrió ubicar la instalación militar en medio de las Bardenas. Su nombre era José Daniel Lacalle Larraga, natural de Valtierra, dirigente requeté durante la Guerra del 36 y segundo jefe del Estado Mayor del Aire cuando propuso la instalación del polígono –posteriormente llegaría a ministro de Defensa–.

Pero si alguna institución navarra sobresale en la defensa del polígono no es sino la Comunidad de las Bardenas, el punto de encuentro de los 22 entes congozantes del territorio. En ella están representados 19 municipios cercanos a las Bardenas, el monasterio de la Oliva y los valles de Erronkari y Zaraitzu –por la trashumancia, documentada desde hace más de un milenio–. Destaca, para empezar, que el voto de los entes no es proporcional, por lo que los 35.000 habitantes de Tutera o los 8.000 de Corella tienen el mismo peso que los monjes del monasterio de la Oliva.

De hecho, las relaciones entre ellos no siempre son fáciles, como se pudo comprobar el pasado mes de setiembre, cuando los pastores de los dos valles pirenaicos entraron en las Bardenas dispuestos a rebelarse contra la decisión de la Comunidad de repartir los pastos en distritos arbitrarios, sin tener en cuenta criterios ganaderos.

Estos 22 entes –entre los que no hay ninguno de Aragón, pese a la cercanía de localidades como Ejea de los Caballeros– tenían hasta 2008 los derechos de usufructo de las Bardenas. Aquel año, con la renovación del contrato del polígono, el Estado les reconoció la titularidad sobre el territorio. Esto les ha permitido durante años gestionar un presupuesto que, pese a que al principio no era demasiado grande –779.130 pesetas en 1978–, hoy en día tiene la considerable dimensión de 10,4 millones de euros.

Una comunidad que manda más que un Parlamento

Con el mencionado presupuesto en el bolsillo, este singular ente ha reiterado año tras año su compromiso con la permanencia del polígono de tiro. Lo hizo, hasta el pasado 10 de mayo, a través de la mano de hierro de José Antonio Gayarre, presidente de la comunidad de las Bardenas desde 1985. Los 28 años al mando del ente han estado marcados por su fuerte carácter personalista, al que partidos como PSN han acusado de poco transparente, pidiendo que se aclare el sistema de dietas y asignaciones. Su mayor triunfo, conseguir cada vez más dinero de las arcas del Estado, aunque dichos ingresos están en duda. Desde hace menos de un mes, el exconcejal de UPN en Corella Julián Isla ocupa la presidencia de la Comunidad.

El poder de esta Comunidad liga directamente con el interés de Estado, que aboga por mantener el polígono en las Bardenas. Entremedio quedan todo el resto de instituciones que, en un momento u otro, han pedido el desmantelamiento de la instalación militar. Desde las bases locales de los partidos dominantes en Erribera –UPN y PSN– y ayuntamientos como el de Tutera –que en más de una ocasión han votado contra el polígono–, hasta el Parlamento y el Gobierno Navarro –Urralburu pidió en su día el cierre–.

De hecho, la cuestión llegó en 1997 al Senado, que instó a «no renovar el contrato, desmantelar y recuperar el entorno dañado y buscar en dos años un emplazamiento alternativo». Pero ahí sigue el polígono, inamovible gracias en buena parte al papel jugado por la Comunidad de las Bardenas.