El escenario y la fecha marcada son ya conocidos. El 7 de julio la inmensa mayoría de los convenios sectoriales de la CAV perderán su vigencia al haber transcurrido el año de ultraactividad establecido tras su vencimiento. Son un total de 113 según los últimos datos del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) correspondientes al mes de abril y que indican que solo seis convenios han sido firmados. Los trabajadores afectados ascienden a unos 350.000.

Si hasta ahora el debate se centraba en las negociaciones de cara a poder renovar los convenios, con la certeza de las partes implicadas de que no hay posibilidad de acuerdo, la incertidumbre se cierne en qué escenario se presenta a partir del 7 de julio, si bien sindicatos y patronal coinciden en que «nada termina» ese día.

La imposibilidad de llegar a un consenso es reconocida por unos y por otros. Los sindicatos LAB, CCOO y UGT abogan por mantener los convenios provinciales por considerarlos una referencia que no se puede perder a la hora de negociar pactos de empresa, instrumento este último que, a su vez, también ven necesario. Además, creen que el marco sectorial da cobertura a muchos más trabajadores.

En esta línea, las tres centrales han presentado esta semana una propuesta conjunta en las mesas negociadoras del Metal de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, uno de los sectores más implicados en la lucha por el convenio provincial. Dicha plataforma busca, según los sindicatos, «desbloquear la negociación» e incluye medidas como subidas salariales con la referencial del IPC, incremento de la ultraactividad e inclusión de cláusulas que blinden las condiciones ante la reforma laboral.

Sin embargo, las patronales se mantienen en la postura de rechar en rotundo la propuesta. Insisten en que no firmarán ningún convenio que suponga una «contrarreforma». A ello se le une el reciente reconocimiento por parte de una de ellas, en concreto Adegi, de que «el mundo puede seguir subsistiendo» sin convenios provinciales. Es más, manifestó que se abre «un nuevo escenario de oportunidades» que permite «mejorar la competitividad» porque «se recuperan facultades de decisión empresarial» y la posibilidad de «adoptar decisiones unilaterales».

«Negociación destruida»

Esta postura muestra, a juicio de la secretaria de Acción Sindical de LAB, Garbiñe Aranburu, que «la reforma laboral ha destruido completamente la negociación colectiva». Por ello, incide en que tanto antes como después del 7 de julio seguirán trabajando por un modelo de negociación que proteja a la mayor cantidad de trabajadores posible. El éxito dependerá, según afirma, de la «capacidad de responder a la aplicación de la reforma laboral».

Explica Aranburu que desde el sindicato no prevén que de un día para otro se vaya a aplicar «de manera radical» la reforma aunque creen que «poco a poco se irán aplicando ciertas medidas. Por eso creemos que es tan importante establecer una dinámica de respuesta desde el principio», señala.

También apela a la responsabilidad y la implicación de las instituciones, en especial al Gobierno de Gasteiz, en cuyas manos está otro de los aspectos que más les preocupa y motiva el bloqueo de las negociaciones: el arbitraje obligatorio.

La reforma establece que una comisión de arbitraje debe decidir en los casos de descuelgue pero en la CAV no existe, de momento, dicho instrumento. Los sindicatos son muy críticos con respecto al arbitraje obligatorio, por lo que desde un principio trasladaron a Lakua la petición de que no creara la comisión. Por ahora no han obtenido respuesta oficial.

Aranburu indica que este bloqueo va más allá de un «conflicto laboral» y que está en juego «qué modelo de sociedad y qué relaciones laborales vamos a tener». «No es cierto que se garantice el crecimiento económico con unas relaciones laborales cada vez más desreguladas», apostilla.

«Una estrategia limitada»

La adhesión obtenida en las movilizaciones de las últimas semanas en defensa de los convenios de sector y empresa demuestra, según Aranburu, que «los trabajadores no renuncian a sus derechos» y es, en cierto modo, un impulso para abordar la confrontación que previsiblemente aumentará en adelante. De hecho, en los tres últimos meses se ha triplicado la conflictividad laboral.

Insiste en la defensa tanto del ámbito sectorial como de empresa. «No compartimos que se parcialice el debate a los ámbitos de negociación. Para nosotros el debate principal es cómo mejorar la correlación de fuerzas y el posicionamiento de los trabajadores, qué estrategia ponemos en marcha para mover la posición de la patronal», dice.

Ante el debate suscitado al respecto, recalca que defender solo el convenio de empresa, teniendo en cuenta que cubre a un 10% de los trabajadores vascos, «supone dejar a miles sin ámbito de negociación. Es una estrategia limitada».

Cree que la falta de un convenio provincial también afectará a las empresas con convenio propio y explica el por qué con un ejemplo. Relata que si aquellos que negocian en la empresa -cita como ejemplo a CAF, con un convenio de empresa «digno»- tuvieran que partir del convenio estatal y no del mínimo provincial, sus condiciones también irían decayendo. «Los salarios y las condiciones laborales caerían vertiginosamente con la aplicación de los convenios estatales o, en su defecto, del estatuto de los trabajadores». Destaca que los convenios vascos son mejores que los estatales, ante lo que advierte que «no vale defender solo el ámbito, también los contenidos».

Admite que la patronal tiene «una herramienta muy valiosa que le permite hacer lo que quiera» pero alerta de que «por la vía judicial las cosas tampoco están del todo claras», ya que cabría la posibilidad de que el fin de la ultraactividad no sea de fuerza mayor en todos los casos.

Adegi: cautela y oportunidad

Mientras los sindicatos auguran un ambiente de incertidumbre, la patronal parece ver la luz al final del túnel. Así lo dejan entrever las declaraciones de Adegi esta misma semana que, aludiendo a una mayor competitividad como objetivo, se congratulaba de la «reducción de costes laborales» que podrá acometer en adelante.

Durante un coloquio celebrado en Donostia, el Catedrático de Derecho del Trabajo, Federico Durán, declaró que «en España no ha habido moderación salarial verdadera en comparación con nuestros competidores» y subrayó que la reforma de la negociación colectiva permite la «devaluación interna», es decir, mayor facilidad para reducir salarios y modificar condiciones.

Es por ello que Adegi lanzó un mensaje de tranquilidad a sus asociados y apuntó que «no hay prisa para ejecutar grandes cambios», de modo que invitó a esperar a las «vías de escape» que ofrece la reforma.

A pesar de saberse con la ley en la mano, recomienda «no hacer experimentos», mientras los sindicatos apuestan por la confrontación y aprovechar las coletillas que deje la normativa ante un complicado escenario en el que nadie sabe muy bien qué sucederá.