Ugarte ha indicado, en una entrevista en Radio Euskadi, que las diligencias anunciadas por el fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, intentarán determinar si en este caso se ha producido un delito de prevaricación, «un delito que consiste en que una autoridad o un funcionario público emite una resolución administrativa contraria a derecho a sabiendas de su injusticia», algo que según ha defendido «no ha pasado con el actual Consorcio de Residuos de Gipuzkoa».

«Es más, nosotros entendemos que lo que ha hecho ha sido un acto de responsabilidad que ha sido refrendado también por el voto de la Diputación, que es absolutamente responsable en los actos administrativos que realiza».

Ugarte ha matizado que «habría que ver si la anterior gestión de GHK ha sido igualmente responsable o si ese posible delito de prevaricación es aplicable a otros Consejos de Administración del consorcio».

Respecto a las sanciones económicas que eventualmente pudieran derivarse de esta investigación, la portavoz foral ha recordado que en estos momentos «se está hablando en términos totalmente especulativos», si bien ha insistido en que la Diputación «está tranquila porque está aplicando la ley con total rigor y responsabilidad».